Así lo señaló la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, quien habló de la urgencia de que la administración penitenciaria se encargue de elaborar y aplicar una clasificación que sea sensible a las necesidades propias del género y de la situación particular que tienen las mujeres privadas de la libertad.
Para atender esta falla, Rojas Martínez propuso modificar las leyes de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal y la de Centros de Reclusión para el Distrito Federal. La reforma a la primera ley es para asegurar que personal femenino se encargue de los Centros Penitenciarios destinados a las mujeres, las autoridades de los reclusorios, auxiliares, vinculadas, comité de visita general, consejo, de la Unidad de Atención Integral y la vigilancia de contacto directo dentro de los Centros, estarán a cargo de personal femenino.
En el caso de la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal se busca que en el interior de penales el personal sea del mismo género que los internos o internas. En el caso del personal Técnico en Seguridad, invariablemente deberá ser del mismo género.
Lo anterior, agregó, porque la violencia de género es cotidiana en todos sus tipos y modalidades. Mencionó que una de las formas más recurrentes de violencia contra las mujeres en reclusión a nivel internacional, es la vigilancia inadecuada y el control que las y los funcionarios carcelarios ejercen sobre la vida cotidiana de las mujeres, al exigirles actos sexuales a cambio de privilegios, bienes o artículos de primera necesidad.
En el caso de la Ciudad de México, especificó, mujeres recluidas en los dos reclusorios femeniles se quejan de haber sido víctimas de violencia verbal y/o física ejercida por el personal penitenciario, así como por la imposición de castigos fuera de procedimiento por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario.
Esto ha derivado en recomendaciones emitidas por la CDHDF que documentan casos de violaciones a los derechos humanos de reclusas, en particular por hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de mujeres.
Agregó que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha evidenciado en el sistema de reclusorios de la ciudad persisten “patrones de violencia estructural que definen una relación inequitativa entre hombres y mujeres, caracterizada por la discriminación, la ignorancia, el sometimiento y la subordinación de ellas en beneficio de ellos”.
Cabe señalar que la normatividad de la Ciudad de México establece que los centros de reclusión de mujeres tendrán personal de seguridad únicamente de sexo femenino y que las revisiones deberán ser realizadas exclusivamente por personal del mismo sexo, incluyendo las revisiones físicas tanto a mujeres privadas de la libertad como a las que acuden a la visita.
Sin embargo, las áreas de médicos, profesores o psicólogos son ocupadas por personal masculino, asimismo, también se observa personal penitenciario y administrativo masculino, algunos de los cuales se encuentran involucrados como presuntos responsables en quejas presentadas ante la CDHDF.
