La iniciativa presentada por la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF busca reformar diversos artículos de las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, así como del Código Penal, todos para el Distrito Federal, a fin de sancionar hasta con un año de prisión el abandono de una persona incapaz de valerse por sí misma.
Así, se propone reformar la Fracción IV del Artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores local, para establecer que la familia tendrá la obligación de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o expulsión del adulto mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. Dichos catos serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal para el Distrito Federal.
La propuesta de la diputada perredista también contempla adicionar un párrafo segundo al Artículo 13 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, con el objetivo de instituir que el aislamiento, abandono, hacinamiento o expulsión de las personas con discapacidad, por parte de sus familiares o tutores, serán sancionados conforme a lo establecido en el Código Penal capitalino.
Por lo anterior, sugiere modificar los Artículos 156 y 158, párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal, con el fin de imponer penas que van de tres meses a tres años de prisión, si no resulta lesión o daño alguno, a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, incluyendo adultos mayores y personas con discapacidad, teniendo la obligación de cuidarla y, si el activo es ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad o de la tutela.
Además, al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a alguien incapaz de valerse por sí mismo, adultos mayores y personas con discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión.
Mateos Hernández subrayó que la pérdida de capacidades físicas y mentales, así como otras limitaciones colocan a las y los adultos mayores en situación de vulnerabilidad y los convierten en objeto de abandono, maltrato y exclusión, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud local, tan sólo en 2015, más de 200 pacientes fueron abandonados en 11 hospitales de la red del Gobierno capitalino.
Manifestó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 16% de las y los adultos mayores sufre algún grado de maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus bienes. Y, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tres de cada cinco sufren violencia dentro de la familia. Mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, de 2010, reveló que este sector integra el cuarto grupo de población más vulnerable a la discriminación.
Por otra parte, Elizabeth Mateos señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos a las personas con discapacidad y evitar que sufran discriminación; sin embargo, de acuerdo con el reporte de la organización Derechos Internacionales de Personas con Discapacidad, titulado “Abandonados y Desaparecidos: Segregación y Abuso de Niños y Adultos con Discapacidad en México”, no ha habido avances en la protección de este grupo vulnerable en al menos diez años y en México con frecuencia se abandona a personas en esta condición por falta de recursos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), finalizó la asambleísta, más de mil millones de personas en el mundo, 15%, vive con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en países en vías de desarrollo. Mientras que, datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, establecen que las personas que tienen algún tipo de discapacidad en México alcanzaban los 5 millones 739 mil 270, cifra que representa 5% de la población total del país, y de ellas 483 mil 45 habitaban en la Ciudad de México.
“El destino de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad es el abandono, no lo permitamos. Recuerda que el llanto que provocas a una persona hoy, puede ser el tuyo el día de mañana”, finalizó Mateos Hernández.
La diputada Elena Segura Trejo se suscribió a la iniciativa a nombre de la fracción parlamentaria del PRD; la diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez a nombre del Partido Encuentro Social, así como el diputado Carlos Alfonso Candelaria López; y el diputado Jesús Armando López Velarde Campa, a nombre de Movimiento Ciudadano. Mientras que a título personal, se suscribieron la diputada Ana Juana Ángeles Valencia y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera del grupo parlamentario de Morena, y la diputada Mariana Moguel Robles del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
