Su finalidad es otorgar certidumbre financiera a empresas productivas del Estado, y una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación, bajo nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos.
El documento que deriva de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico 2017, considera procedente incorporar en la ley la flexibilidad otorgada mediante decreto publicado el 18 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
Incorpora el beneficio fiscal a los asignatarios relativos a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y gas asociado, en correspondencia a las características de las áreas de extracción terrestre y marina con un tirante de agua menor a 500 metros.
Aclara la interpretación para el término barril de petróleo crudo equivalente, para dar certidumbre al cálculo de las deducciones permitidas en cada caso. Modifica la definición del Mecanismo de Ajuste para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales de los contratos.
Incluye en los contratos de licencia un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo, a través de la modificación de la tasa aplicable sobre el valor de los hidrocarburos, o del monto final de la contraprestación que resulte de la aplicación de dicha tasa.
Establece que el operador expida los comprobantes fiscales a los integrantes del consorcio que amparen los gastos realizados en cada periodo derivado de la ejecución del contrato que efectivamente haya cubierto cada integrante; asimismo, el operador sólo podrá deducir la parte proporcional del importe total amparado en los comprobantes fiscales siempre y cuando correspondan a los gastos efectivamente cubiertos en cada periodo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria para que brinde a dicha dependencia el apoyo en la verificación de las operaciones y registros contables derivada de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Herminio Corral Estrada (PAN), expresó que el propósito es flexibilizar las reglas a los asignatarios, relativas a la determinación de los límites de deducción para la producción de petróleo y de gas asociado, en correspondencia a las características de las áreas de extracción terrestres y marinas.
Destacó la responsabilidad del Estado para garantizar la continuidad de las actividades estratégicas en materia de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a su nombre y cuenta a través de sus empresas productivas; por ello, se requiere de una mayor flexibilidad en el régimen tributario aplicable.
Ello, dijo, es una condición de certidumbre financiera que permitirá a las empresas productivas del Estado, una operación más eficiente y segura en las áreas de asignación bajo las nuevas condiciones de volatilidad en el mercado internacional de hidrocarburos, pero además es una acto congruente con el espíritu y objeto originales de la reforma energética de 2014 que se plasman en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Corral Estrada mencionó que se mantiene el régimen de transición previsto en el artículo 2 fracción VII del decreto en el que se expide la Ley de Ingreso sobre Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014, para continuar aplicando los montos máximos de deducción durante los ejercicios fiscales del 2017 y 2018, siempre y cuando se trate de hidrocarburos distintos al gas natural.
Se modifica la definición del mecanismo de ajuste para determinar condiciones económicas relativas a los términos fiscales que se adecúen mejor a las características de proyectos y se incluye en los contratos de licencia un esquema flexible que permita diseñar un mecanismo de ajuste más sencillo.
Se instruye al Servicio de Administración Tributaria para que brinde el apoyo en la verificación de las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, tanto mediante auditorías como visitas a los contratistas, con los recursos técnicos y los recursos operativos necesarios para llevar a cabo dichas funciones.
En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) subrayó la importancia de impulsar y fortalecer las actividades de explotación y extracción de hidrocarburos en el país, como uno de los detonantes de crecimiento y prosperidad que merecen las futuras generaciones.
“Todo refuerzo que se dirija a implementar esquemas y mecanismos flexibles, modernos, que den certidumbre a los agentes económicos implicados, merecen nuestro respaldo. Vemos con beneplácito este dictamen que otorga beneficios fiscales a los asignatarios para que cumplan sus obligaciones fiscales por medio del establecimiento de límites de los montos de deducciones por concepto de gastos, costos e inversiones”, añadió.
Ángel García Yáñez, diputado de Nueva Alianza, resaltó que la viabilidad financiera del Estado no significa mayores tasas o más impuestos, sino una correcta y eficiente carga tributaria, donde la Hacienda Pública obtenga los recursos necesarios para dotar los servicios de calidad a las familias, en temas como educación, salud, seguridad, derechos humanos, medio ambiente, sin que represente una sobrecarga o inhiba la inversión en sectores estratégicos, como la explotación de hidrocarburos.
El dictamen, dijo, es de vital importancia para la industria petrolera y para la nación, ya que el objeto de la ley es regular los cobros de contraprestaciones contractuales y de obligaciones fiscales derivadas de la explotación y producción de hidrocarburos. “Con estas medidas buscamos recuperar la confianza de los mexicanos en los contratos petroleros y fortalecer los ingresos del país”.
La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano) precisó que en términos generales es positiva la intención del dictamen sobre hidrocarburos, pero se le pudo dar un tratamiento distinto, a fin de generar mejores condiciones para México y estímulos de las mismas empresas.
Agregó que generar incentivos fiscales a la industria para atraer inversiones es positivo, pero debe acompañarse de un fortalecimiento de la petrolera nacional, para asegurar una relación ganar-ganar y nadie perder. “El rol de nuestra empresa en el contexto de aportaciones a la economía nacional, frente a la reinversión nacional, es muy conveniente”.
Por Morena, la legisladora Rocío Nahle García argumentó que este dictamen es una evidencia del fracaso de la reforma energética. “Ante la ausencia de grandes empresas y las grandiosas inversiones que el Ejecutivo anunció, ahora la intención es flexibilizar el régimen fiscal de los contratos”.
Los cambios a los artículos 3 y 10 son una forma de evadir la regalía que tanto les molesta a las empresas ganadoras y a las aspirantes a explotar un bloque petrolero. La apertura no es fracaso sólo por los precios bajos del barril del petróleo en el mercado internacional, sino porque han impulsado un Estado débil y corrupto, que se ha dedicado a debilitar a su empresa petrolera, señaló.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) llamó a construir mecanismos capaces de dar certidumbre financiera a las empresas productivas del Estado. Por ello, dijo, adicionar el ideal de beneficio fiscal óptimo, es un gran acierto, pues así se logra que Pemex tenga una operación más eficaz y productiva; es una decisión responsable incorporar dispositivos de ajustes sencillos, para generar flexibilidad y progresividad en el cobro impositivo.
Con este dictamen, afirmó, se optimizarán costos, gastos e inversiones, que en un conjunto significarán mejores condiciones para impulsar el desarrollo económico, pero sobre todo simbolizará más empleos, mejor pagados para mexicanos. El objetivo, aclaró, es fomentar el desarrollo económico nacional, para generar impactos positivos en la calidad de vida y el bienestar de las familias.
De Acción Nacional, el diputado César Augusto Rendón García expuso que el dictamen implementa mecanismos que flexibilizan la administración de los contratistas, incentivan la inversión en la industria y, en consecuencia, se generen mayores ingresos para la Federación.
El propósito es establecer mecanismos de transparencia fiscal mediante un mecanismo de amparo y de gastos por la ejecución de los contratos. Además, el Servicio de Administración Tributaria verificará las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que aseguren una mayor transparencia. “Nuestro compromiso es con el mejor desempeño de la industria petrolera”.
Miguel Ángel González Salum, diputado del PRI, relató que las modificaciones a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos benefician a Petróleos Mexicanos y no a los particulares. Se protegen los ingresos de Pemex en la coyuntura actual de los precios bajos. “Lo que se hace es adaptar la ley a la circunstancia que está viviendo la paraestatal”.
Dijo que son cambios que fortalecen la posición financiera y las capacidades operativas y de inversión de Pemex, porque fortifican al Estado con las adecuaciones legales para lograr una mayor renta petrolera. “Aseguramos la consistencia y equidad entre las inversiones y las deducciones en materia energética y damos mayores herramientas a las autoridades fiscales para una mejor fiscalización”.
Durante la discusión, el diputado Waldo Fernández González (PRD) precisó que su grupo parlamentario no acompañará la liberación de la gasolina ni una política de endeudamiento. Sin embargo, en esta Ley de Hidrocarburos “sí iremos en pro, porque consideramos que fueron atendidas algunas de las inquietudes que nosotros presentamos”.
Vidal Llerenas Morales, diputado de Morena, indicó que el dictamen permite cambiar los contratos de compañías que extraen petróleo para deducir entre ellos la inversión de los mismos, es decir, “estamos creando un régimen especial, parecido a la consolidación fiscal para el tema energético”. Estimó que con la deducibilidad se da “todavía mayores facilidades a las empresas para que no paguen impuestos”.
La diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) subrayó que generar mayores tasas de desarrollo económico y empleos, así como aumentar notablemente los ingresos del Estado a mediano y largo plazo, solo se alcanzará con un esquema integral para aumentar la producción de hidrocarburos y dinamizar la actividad industrial y económica de todo el sector.
Por Morena, la diputada Ariadna Montiel Reyes se pronunció en contra del dictamen al considerar que se pretende incrementar la rentabilidad de las empresas del sector energético. “Representa un despojo más de la riqueza nacional y un desfalco a la hacienda pública”.
El diputado Yerico Abramo Masso (PRI) afirmó que lo que se busca es que Pemex tenga una mayor ventaja fiscal que le permita tener recursos adicionales por 50 mil millones de pesos. “¿Quién puede estar en contra de eso?, si así fuera quiere decir que se está en contra del país y de Pemex”. Sostuvo que se garantizará que Pemex tenga más dinero y le permita crecer en desarrollo, protección y ventajas para el crecimiento de la inversión.
Alfredo Basurto Román, diputado de Morena, subrayó que con este dictamen se pretende fortalecer más a la iniciativa privada y, sobre todo, a los extranjeros, para que sea más flexible el pago de impuestos y “así seguir llevándose el recurso natural que por ley les pertenece a los mexicanos”.
En su turno, el diputado Ricardo David García Portilla (PRI) señaló que la idea es que Pemex pueda deducir en mayor porcentaje su inversión y los costos que hace de exploración y explotación de hidrocarburos.
Con 300 votos a favor y 100 contra, se aprobó en lo particular y en términos del dictamen, los artículos 3, 10, 32, 37, 39, 41 y 42, así como el segundo transitorio, que fueron reservados por diversos diputados del PRD, Morena y de Movimiento Ciudadano.
