En el diálogo “La Eutanasia en el mundo: derecho a la muerte digna”, organizado por esa entidad universitaria y El Colegio Nacional, Diego Valadés, investigador del IIJ, señaló que el derrotero que lleva el desarrollo demográfico y el envejecimiento de la población mundial, previsto para este siglo, hace previsible que el tema se plantee con características diferentes a las que se ha visto hasta ahora.
La laicidad del Estado, dijo el integrante de El Colegio Nacional, se encuentra todavía en proceso de construcción en todo el planeta. En 2013 tuvimos una reforma constitucional para establecer la naturaleza laica del Estado mexicano; hemos dado pasos a “retazos”, pero “no se trata de prescindir de conceptos de naturaleza religiosa, sino de partir de la idea de que las decisiones que se toman con fundamento en convicciones personales, no tienen por qué aplicarse de manera general a quienes tienen otra forma de pensar”.
Amparo Espinosa Rugarcía, presidenta de la Asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad, refirió los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Muerte Digna, realizada a iniciativa de esa agrupación civil: 68.3 por ciento de los mexicanos considera que un paciente en fase terminal y dolorosa de su enfermedad debería tener la opción de adelantar su muerte si lo desea.
Además, 58.3 por ciento estuvo de acuerdo con que el médico aplique sustancias letales al paciente terminal que lo solicite para acelerar su deceso (eutanasia) y 56.4 con que el médico le proporcione sustancias que él tome por sí mismo (muerte o suicidio medicamente asistido). No obstante, en México estas prácticas son ilegales: la penalización de la primera es de 12 a 24 años de prisión y de la segunda de dos a cinco años.
El estudio muestra que la muerte no es tema presente entre la población. Por ejemplo, 46 por ciento de los mexicanos piensa en su propio fallecimiento una vez al año, o menos; 30 por ciento una vez al mes y sólo 13 por ciento lo hace con frecuencia. Asimismo, 45 por ciento no habla con nadie del tema.
Espinosa Rugarcía expuso que al 62 por ciento no le preocupa, o muy poco, la forma de morir. “Trivializar la muerte se traduce en una ceguera de la población a los avances legales y de salud que existen para hacerla más amable”. Así, únicamente 19 por ciento de los entrevistados sabe que puede firmar una voluntad anticipada para dejar claros sus deseos respecto a cómo quiere ser tratado en el proceso final de su vida, y sólo 4.3 por ciento ha firmado uno de esos documentos.
Un dato sorpresivo fue que cerca del 70 por ciento de los entrevistados autodefinidos como católicos dijeron estar de acuerdo con que el enfermo terminal adelante su deceso. Y 63.6 por ciento del total quisiera tener la posibilidad de pedir ayuda en esos casos.
Entre médicos de la Ciudad de México y Puebla, en instituciones públicas y privadas, la opinión sobre la eutanasia y la muerte asistida está dividida: la mitad a favor y la mitad en contra. El freno principal son las limitaciones de la legislación actual, acotó.
Roberto Blancarte, de El Colegio de México, recordó que tenemos derecho a una muerte digna. Es de sentido común que uno decida cómo morir, pero para ello hay muchos obstáculos, y los principales se encuentran en las iglesias y las religiones, que se oponen a que las personas puedan interrumpir su vida porque asumen que el único que la da y la quita es Dios. “Estamos frente a un fenómeno que nos viene de sociedades tradicionales, antiguas, que tenían códigos éticos distintos”.
Ante ese panorama, el Estado laico debe generar un espacio en donde cada quien pueda escoger, a partir de la autonomía moral del individuo, qué hacer con su vida. Se requiere reforzar la autonomía de lo político frente a lo religioso.
Sergio García Ramírez, del IIJ, resaltó que en este tema entran en escena los derechos a la protección de la vida y de morir con dignidad, pero de manera efectiva, activa, no apenas expectante y consoladora frente a condiciones de sufrimiento extremo, equiparables a la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los tribunales deben ser quienes se pronuncien acerca de la controversia o litigio que pueda suscitarse, pero no sólo por razones de benevolencia, sino de estricta y radical justicia. En el futuro se vislumbra una mayor apertura y liberalización, opinó.
En la mesa, efectuada en el aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del IIJ, también participaron Rodolfo Vázquez, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Julio César Ortiz, de la Universidad Externado, de Colombia.
