En el evento, el secretario de la Comisión de Radio y Televisión, diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena), mencionó que datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, revelan que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Caballero Pedraza apuntó que según el Informe anual de violencia contra la prensa de Artículo 19, en 2015 se registraron 397 agresiones contra medios de comunicación y periodistas en nuestro país, convirtiéndolo en el año más violento desde 2009. Asimismo, detalló que del periodo 2009 al 2015, 860 de agresiones a periodistas fueron cometidas por autoridades.
Refirió que este informe destaca que en el último año las agresiones han aumentado 22 por ciento; los estados donde se reportan más casos son la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; sin embargo, las cifras en entidades como Tamaulipas, Chihuahua y, más recientemente, Puebla y Guanajuato, se han vuelto preocupantes.
Calificó de alarmante la falta de respuesta de las autoridades, pues mientras exista impunidad continuarán las agresiones a periodistas. “El dato más revelador y, al mismo tiempo escalofriante, es que los funcionarios públicos son los principales agresores de los periodistas”.
“Estos hechos son un indicio de la fragilidad de las instituciones. El hecho de que los perpetradores sean los que debieran garantizar los derechos de los periodistas y los defensores de derechos humanos, nos debe hacer pensar sobre qué punto el sistema democrático pende de un hilo.
“Uno de los índices más importantes para conocer la democracia de un país es el respeto a la libertad de expresión y es evidente que esto supone que el Estado garantice las condiciones necesarias para el ejercicio de esta profesión. No podemos permitir que se siga silenciando a las voces críticas que incomodan a los poderes, cualquiera que éstos sean”, destacó.
La diputada Rocío Nahle García reconoció que este gremio vive “una terrible situación, pero no sólo ello pues, además, México es uno de los países más violentos del mundo con feminicidios, asesinatos, desapariciones forzadas y trata de personas”.
Agregó que ante las agresiones a periodistas “no podemos acudir a instancias internacionales, donde todo mundo se alarma porque hay más muertos aquí que en Irak o en Afganistán, por la publicidad que nos dan allá”.
Esta descomposición social, apuntó, ocurre por la corrupción, que ha ido creciendo de manera exponencial y “porque hay una total impunidad, porque el sistema político está podrido”.
Sostuvo que éste es un tema muy grave, no es menor. “La clase del poder, con la impunidad y silencio, se vuelve cómplice”; de ahí que destacara la importancia del foro y sus conclusiones.
El diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) indicó que “todo lo que se mencione aquí, nos nutre para hacer propuestas legislativas. Nos vamos a dar a la tarea de promover iniciativas para ayudar al periodismo y la libre expresión en el país”.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la Comisión de Radio y Televisión, dijo que la indiferencia del Estado ha generado que se reporten menos agresiones y denuncias, en gran medida por el nivel de desconfianza y el miedo no sólo en la autoridad, sino en la clase política.
Ricardo Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, expuso ante los legisladores que este organismo, en el último trimestre, ha determinado 51 Averiguaciones Previas y 12 carpetas de investigación, “las cuales caminan cada una con cuerda separada”
Mencionó que es difícil sacar el trabajo. “Ante la limitación de personal, realizamos acciones conjuntas con delegados de la PGR en todo el país, para responder a las necesidades que tiene cualquier periodista cuando es objeto de una agresión”.
Dijo que a la FEADLE le preocupa que se haga justicia y si el hecho delictivo no se puede probar contra la libertad de expresión, se va de la mano con la autoridad local para tener una mayor capacidad en el proceso que se le sigue a las denuncias.
Subrayó que los periodistas sufren agresiones, como las padecen todos los ciudadanos en cualquier parte del país, y los casos suelen levarse al fuero común.
Apuntó que la Fiscalía cuenta con una policía adscrita de manera directa y con agentes del Ministerio Público capacitados específicamente en la materia de derechos humanos, es decir, que quienes la conforman son defensores de estas garantías.
“Hemos actuado de manera muy constante en todos los temas. No podemos atraer ni tener todo, pero hemos atraído más de 40 asuntos en los que se trabaja, esto no es la solución, buscamos que se haga justicia en todos y cada uno de los casos donde un compañero y amigo periodista tiene alguna circunstancia difícil”.
Mencionó que el organismo a su cargo ha capacitado alrededor de 3 mil 600 a comunicadores y funcionarios en más de 20 estados, en materia de prevención del delito y de actuación de periodistas.
También, agregó, se ha acercado a las autoridades del fuero común, de los tribunales superiores de justicia, procuradurías o fiscalías para entablar constante comunicación. “Trabajamos varios asuntos que por el momento no podemos asegurar que están ligados al quehacer del periodista y concretamente a violaciones a la libertad de expresión”.
En su oportunidad, el director adjunto de Recepción de Casos y Reacción Rápida, del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Julio César Díaz Herrera, reconoció la falta de confianza de los periodistas en este mecanismo; “por eso no se acercan, es innegable”.
Destacó la necesidad de propiciar un mayor contacto con los periodistas, para que conozcan las responsabilidades y limitaciones legales del mecanismo de protección y generar esa seguridad. “No somos una vara mágica, tenemos que generar la confianza y esa se logra a través de resultados; intentamos que sean mejores, sin levantar falsas expectativas”, comentó.
Explicó que cada día en que no reciban una agresión, es un éxito. De ahí la importancia de contar con la coordinación ejecutiva de este órgano integrado por las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos periodistas y dos defensores del Consejo Consultivo (sociedad civil), cuyas decisiones y actuaciones son consensuadas.
La periodista Anabel Hernández subrayó que en México ya no hay ningún refugio seguro para los periodistas perseguidos o amenazados; sólo en la actual administración 33 han sido asesinados, 11 en lo que va de este año, y únicamente 12 por ciento de las agresiones se han consignado a un juez, pero no hay ninguna sentencia.
Aseguró que “la matanza de comunicadores va en aumento, porque las leyes que los protegen están en papel, para que el gobierno limpie su imagen ante la comunidad internacional, pero en realidad las normas no se aplican, no funcionan”.
De 2013 a la fecha, indicó, docenas de reporteros en México han sufrido, con impunidad, golpes de policías, amenazas de muerte o censura, “como en el caso de la comunicadora Carmen Aristegui, quien no ha conseguido un espacio libre para volver a la radio y ser la única voz, prácticamente, que le da un sentido a la libertad de expresión en nuestro país”.
“Los agravios a la libertad de prensa en México ocurren todos los días y a todas horas, y los más afectados no son los medios de comunicación ni los reporteros, sino la sociedad. Quienes matan u ordenan la muerte de periodistas tienen el objetivo de asesinar el derecho fundamental de la sociedad a estar verazmente informados”, subrayó.
Consideró que sin información veraz e independiente “la sociedad está capturada por la propaganda del gobierno, grupos económicos y el crimen organizado”.
Pese a todo, expresó, “seguimos en pie, no sólo por los compañeros perdidos, sino porque también sabemos que en esta terrible crisis nuestro trabajo es útil a la sociedad. Continúo mi trabajo inspirado en compañeros periodistas, incansables defensores de derechos humanos y en todas las víctimas de México que no tienen voz”.
En las mesas de trabajo, se presentaron de Marta Durán de Huerta Patiño, periodista de la revista Proceso; Fabiola González Barrera, coordinadora de Redes de Periodistas; Ernesto Ledesma Arronte, director de Rompeviento TV, y Geraldina Lázaro Ávila, jefa de producción de la Red de Comunicadores Boca de Polen.
También, Pilar Tavera Gómez, miembro del Consejo Consultivo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ana Cristina Ruelas, directora general de Artículo 19 para México y Centroamérica y Elia Baltazar González, periodista independiente.
