El integrante del Grupo Parlamentario de Morena precisó que por ello resulta claro que el agua y el derecho a su acceso es lo último que le interesa al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya prioridad en el tema es beneficiar a sus socios privados. Agregó que las más recientes autorizaciones para realizar fracking (obtener gas de lutitas a partir de la fracturación hidráulica) en el estado de Veracruz, así lo demuestran.
Al respecto, detalló que los cinco proyectos autorizados el pasado 14 de octubre en Amatitlán, Miahuapan, Miquetla, Pitepec y Soledad, por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pueden afectar de manera directa la salud de 187 mil 688 habitantes de los municipios de Amatitlán, Chicontepec, Misantla y Soledad de Doblado al contaminar su suelo, aire y acuíferos.
El también Secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, señaló que estos proyectos se suman a los tres autorizados en febrero de este año: El Semillal, ubicado en la sierra de Tamaulipas, además de Maxochitl 1 y Kaneni en Poza Rica, Veracruz.
“Estas autorizaciones para realizar fracturación hidráulica carecen de un sustento legal y no bastará que la Agencia para la Seguridad, Energía y Ambiente emita la normativa para llevarlas a cabo, ya que la Ley de Aguas Nacionales, aún vigente, prohíbe que se infiltren aguas que puedan contaminar acuíferos, de acuerdo con lo que establece la Fracción III del Artículo 29 Bis 4”, puntualizó.
Por esa razón, añadió, es que el gobierno está interesado en la expedición y aprobación de la Ley General de Aguas, justo para no tener impedimento alguno para impulsar y promover los procesos de fracturación hidraúlica.
“La ilegalidad de las autorizaciones en realidad no obra a favor de PEMEX, sino de sus socios. Debemos recordar que estas explotaciones se llevan a cabo bajo ‘contratos integrales EP’ (Exploración y Producción); es decir, donde las petroleras y contratistas privados son los encargados de realizar esos procesos”.
Abdala Dartigues explicó que en este caso se trata de las compañías internacionales Petrolite, Operadora de Campos DWF y Halliburton, y que de acuerdo con esos contratos, el área de explotación para la fracturación hidráulica es en Amatitlán de 230 kilómetros cuadrados; Pitepec, 230 kilómetros cuadrados; Soledad, 125 kilómetros cuadrados, y en Miquetla de 112 kilómetros cuadrados.
Detalló que además en los campos de Miquetla y Pitepec la actividad de fractura hidráulica se va a combinar con la actividad petrolera convencional, lo que aumenta el riesgo de contaminación de los acuíferos.
“En el caso de Miquetla se han perforado 123 pozos convencionales; es decir, verticales, distintos al fracking, de los cuales 60 están en operación, 46 cerrados y 17 taponados a una profundidad de entre mil 300 y mil 958 metros. En el caso de Pitepec se han perforado 22 pozos, de los cuales 11 están cerrados, 6 taponados y 5 en operación a una profundidad de mil 50 metros”.
El diputado de Morena advirtió que en ninguno de los municipios ni Pemex ni sus socios trasnacionales cuentan con un título de concesión de Aguas Nacionales, lo que acentúa el grado de ilegalidad, y que se prevé que presionen a los tenedores de títulos agrícolas para que les transfieran las concesiones y cambien el uso a industrial, lo que implica una forma de despojo.
Indicó que esta situación pronto afectará también al estado de Puebla, ya que el Paleocanal de Chicontepec se ubica en los estados de Veracruz y Puebla con una extensión de 3 mil 800 kilómetros cuadrados y es en este Canal donde se encuentran reservas probadas de Shale Gas.
“Acompañaremos las protestas y movilizaciones que realicen la sociedad civil y los habitantes de las comunidades y emprenderemos las acciones legales y legislativas que la gravedad de este caso amerita”, anunció el legislador por Puebla.
