En la Nota Estratégica No. 1, publicada en este mes por la Dirección General de Investigación Estratégica del IBD, se establece una comparación entre los datos históricos oficiales sobre homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El análisis, elaborado por Carlos Galindo, aclara que desde el año 2014, el SESNSP publica dos cifras distintas: la de “homicidios dolosos” y la de “víctimas de homicidio doloso”; por lo que con sólo dos fuentes oficiales, se tienen tres tipos de cifras distintas.
Añade que el INEGI reporta los niveles más elevados desde el año 2008; por ejemplo, con cifras preliminares, en 2015 registra más de 20 mil defunciones por homicidio; el SESNSP reporta para el mismo año 17 mil homicidios dolosos y poco más de 18 mil víctimas de homicidios dolosos.
El IBD destaca que las defunciones por homicidio del INEGI forman parte del proyecto “Estadística de defunciones generales”, que es un sistema de aprovechamiento de registros administrativos, que se alimenta con datos de los certificados de defunción de la Secretaría de Salud.
Los homicidios dolosos del SESNSP forman parte del proyecto “Incidencia delictiva”, del cual no se han publicado los datos metodológicos pertinentes, desde que se hicieron públicas sus cifras desde 2010, carencia ampliamente criticada por expertos de diversos organismos civiles.
En los certificados de defunción que utiliza el INEGI se anota la causa directa de la muerte, según las normas y categorías de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el caso de las muertes violentas, se debe especificar si la causa fue accidente, homicidio o suicidio.
En el caso del SESNSP, la falta de documentos metodológicos impide precisar conceptos: “algunos analistas suponen que las cifras se refieren a números de delitos, mientras que otros las interpretan como números de averiguaciones previas o carpetas de investigación”.
En lo que respecta al INEGI; los datos de los certificados se cotejan con información del Registro Civil y del Ministerio Público: por cada certificado debe existir un acta de defunción y viceversa; y todas las defunciones por homicidio deben dar inicio a investigaciones ministeriales.
El IBD advierte además que para los registros del SESNSP, las entidades no siguen una metodología común de reporte: “hay estados con aumentos drásticos de homicidios, que reportan datos similares a ambas fuentes, como Baja California Sur y Guanajuato; mientras que otros como Hidalgo y el Estado de México reportan cifras que discrepan notablemente”.
El INEGI elabora un documento que explica, de manera articulada, todos sus aspectos metodológicos y otro documento que permite la revisión detallada de su base de datos. Dichos documentos son requerimiento básico e indispensable para evaluar la calidad de cualquier fuente estadística; es decir, un requisito necesario para garantizar su confiabilidad.
En cambio, advierte: “No es prudente utilizar las cifras del SESNSP para la toma de decisiones, y se recomienda requerir al SESNSP (órgano desconcentrado de Segob) toda la documentación pertinente”. Agrega que esto “es aplicable a todas las cifras que reporta el SESNSP”.
“Una fuente que no hace públicos todos sus aspectos metodológicos no resulta confiable, aunque sea oficial, porque no permite evaluar la calidad de sus datos”, añade el análisis. Las características metodológicas de ambas fuentes se relacionan con la calidad y la confiabilidad de los datos, puntualiza.
Incluso en el caso del INEGI, el IBD advierte: “Frente a la evidencia recopilada por reporteros y activistas de la sociedad civil sobre fosas clandestinas y personas desaparecidas, es razonable inferir que estas cifras adolecen de problemas no despreciables o significativos de subregistro o subenumeración”.
“Por lo tanto, es justificable considerar que esta fuente ofrece una cota mínima de homicidios ocurridos en México”, concluye.
