El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), cuestionó: ¿cómo poder garantizar el derecho al líquido vital, si no hay un presupuesto que lo respalde? “No se puede decretar un derecho si no hay una contraparte presupuestal”, señaló.
Aseguró que los diputados están conscientes de que se requiere un nuevo modelo de gestión para el agua del país, además de un diferente patrón de financiamiento.
Solicitó a los organismos locales de agua potable priorizar las necesidades y puntualizó: “nada de obras nuevas, hasta que no se logren terminar las pendientes”. Además, pidió a los integrantes de las comisiones legislativas tratar el tema con sus coordinadores parlamentarios, a fin de evitar la reducción presupuestal.
Comentó que en vísperas del análisis presupuestal, la comisión que preside está en vías de presentar una iniciativa para una nueva Ley General de Aguas.
La ANEAS, refirió, estuvo presente en la construcción de la propuesta. “Las voces de quienes operan el agua día a día, están tomándose en cuenta”.
Del PVEM, José Antonio Arévalo González, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, expuso que el país vive recortes presupuestales importantes en distintos rubros; por ello, se deben buscar alternativas para solucionar los temas prioritarios.
“Las comisiones unidas hemos trabajado, y recibir a la ANEAS nos dejará ver qué representan los recortes en el sector hídrico, y hacer lo propio para evitarlos”, comentó.
Sobre la nueva ley de aguas, aseguró, “no se privatizará el líquido, pero se requiere de la corresponsabilidad de los diputados y organismos estatales para que exista una viabilidad hacia el futuro en el abastecimiento”.
La diputada Claudia Corichi García (MC) manifestó que el grave recorte de 72 por ciento planteado en el PEF 2017 al sector aguas del país, viola el artículo 4 constitucional que garantiza el derecho humano al líquido vital.
“Tenemos que revertir esta intención, ya que afecta a la Ciudad de México, Zacatecas, San Luis Potosí y otros estados del país”, comentó.
El presidente de la ANEAS, Ramón Aguirre Díaz, indicó que el recorte presupuestal proyectado para el siguiente año de 72 por ciento “es el más severo en cualquier sector dentro del PEF, y pone en riesgo los sistemas de agua potable”.
Consideró que el tema del agua no se puede ubicar en el último renglón de las prioridades, sobre todo cuando 14 millones de mexicanos no cuentan con servicio de agua entubada, 56 millones recibe el líquido por tandeo frecuente y 31 millones no tiene drenaje.
“Queda claro que el sector agua no está resuelto, pese a ser una necesidad básica. Sorprende que en el Presupuesto sea el rubro más castigado, aunque esté establecido en la Constitución como un derecho”, enfatizó.
Para mejorar el sector, puntualizó, debe haber un trabajo conjunto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gobernadores, presidentes municipales y diputados. “Los legisladores tienen que recapacitar, pensar y definir en qué renglón de prioridades se debe poner el agua para el país”.
Del PRD, Francisco Xavier Nava Palacios consideró que se deben conocer las necesidades básicas de cada entidad, porque con un recorte de 72 por ciento “no se va a quitar poco, sino se le va a pegar a muchos proyectos grandes. Valdría la pena rescatar aunque sea lo básico y no afectar obras que ya están comprometidas”.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor (PAN) cuestionó por qué y quién tomó la decisión de una disminución tan grande, porque “el presupuesto no se rebaja de esa manera, menos en un tema tan sensible”.
De grupo Morena, Rodrigo Abdala Dartigues consideró que un recorte así es ilegal e inquirió si tal baja de recursos, no tiene un sentido privatizador del sector hídrico.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (PRD) preguntó qué va a pasar con lugares como Iztapalapa, sitio que por años ha vivido una crisis de abasto de agua y colonias donde hay meses en los que no llega el líquido.
Ariel Enrique Corona Rodríguez, del PAN, afirmó que la baja de recursos es una sorpresa. No obstante, hay que pensar en opciones auto sustentables para evitar que la baja de recursos golpee tanto al sector.
Por su parte, Arturo Jesús Palma Carro, director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Guerrero, pidió a los legisladores destinar los recursos necesarios para garantizar el suministro de agua a comunidades de alta y muy alta marginación, que son más del 95 por ciento del estado.
Rossina Isabel Saravia Lugo, directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, destacó que a esa entidad se le destina un presupuesto bajo, que impide garantizar a la región, el abasto de agua a la mayoría de viviendas.
Patricia Ramírez Pineda, directora general de la Comisión estatal de Servicios Públicos de Tecate, Baja California, informó que esa entidad padece de sequía; por ello, es necesario realizar obras que permitan el abastecimiento de agua y el reúso y la eficiencia de tuberías, pues de otra manera “en poco tiempo se estará en un serio problema de distribución hídrica”.
Jesús Higuera Laura, gerente general de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Sinaloa, reiteró la esperanza de que la Cámara de Diputados atienda un tema tan prioritario para la sociedad. Finalmente, esta instancia definirá la cantidad destinada al sector el próximo año, concluyó.
