El diputado Felipe de la Cruz Ménez señaló que su fracción parlamentaria concibe al transporte público como un derecho social cuyo desarrollo y salvaguarda corresponden al Estado.
Durante la comparecencia del secretario de Movilidad, Transporte y Vialidad Héctor Serrano Cortés, ante la Comisión de Movilidad, el legislador acusó que este gobierno lejos de buscar la modernización de la flota vehicular pública o el aprovechamiento eficiente de la infraestructura de movilidad actual, aplica medidas administrativas que expanden el mercado del transporte público concesionado y permiten a un grupo privilegiado de particulares hacer negocios privados al amparo de un servicio público.
Acusó a la actual administración de perseguir ventajas económicas del grave problema de movilidad que sufre la ciudad, porque todas sus alternativas de solución desembocan en un negocio privado.
Advirtió que el abandono del transporte público eléctrico, Metro y trolebuses es uno de los temas que más preocupan a MORENA, en particular la aguda crisis que enfrenta el Transporte Colectivo Metro, que a casi tres años del aumento en el precio del boleto no se mejora.
El legislador criticó que el gobierno no haya cumplido los 11 compromisos adquiridos a partir del aumento a la tarifa, a pesar del incremento del 60 por ciento permite recaudar anualmente 2 mil 500 millones de pesos, adicionales a los 15 mil millones y medio de pesos aprobados por esta Asamblea Legislativa como presupuesto anual.
De la Cruz Ménez convocó al servidor público a recuperar las 10 de las 16 líneas que operaban los trolebuses en la década de los 90, porque este transporte no contaminante, cumple con los estándares nacionales e internacionales de emmisiones.
Los Transportes Eléctricos de esta ciudad son un baluarte de la movilidad en el país, por lo que rechazamos los recortes presupuestales, la disminución de sus rutas y el retiro de sus unidades, que se aplican con el argumento de que no son modernos, afirmó.
Al aclarar que coincide en que el transporte en esta ciudad requiere modernizarse y adecuarse técnicamente, se dijo preocupado porque la manera en qué se está haciendo condiciona la continuidad de los concesionarios individuales, quienes tienen pocas probabilidades de recuperar una inversión aproximada al medio millón de pesos, por lo que adelantó que concesionar en estos términos el transporte público, eventualmente puede atentar contra el derecho a la movilidad de los capitalinos.
Por último, sostuvo que a dos años de haber sido presentado el Programa Integral de Movilidad, registra avances desiguales. Ejemplificó que el de Calles para Todos registra un 70 por ciento de avance, mientras que está estancada la meta de contar con un Sistema de Transporte Integrado que aglutine coordinadamente a los ocho sistemas que convergen en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En la ronda de preguntas le pidió intervenir en la problemática que enfrenta la cooperativa de bicitaxis Mosquitos, a quienes no se les permite prestar el servicio argumentando que aún no se expide el Reglamento de Movilidad, pero existe otra agrupación que opera con normalidad.
