“Tenemos que inyectarle recursos al campo, porque en los últimos 20 años ha disminuido el presupuesto destinado a promover la competitividad, y no sólo desplegar programas asistenciales”, destacó.
En entrevista, el legislador por Querétaro apuntó que deben priorizarse programas enfocados a elevar la producción agropecuaria, sin dejar de atender a los sectores más pobres y marginados en un marco de solidaridad y justicia social; “no podemos tratar igual a los desiguales”, advirtió.
Resolver el hambre es un anhelo justo de la ciudadanía y se debe reconocer que ha faltado cumplir al cien por ciento este propósito, porque existen todavía zonas en todo el territorio nacional con pobreza alimentaria.
“Es una asignatura pendiente, como muchos problemas que exigen resolverse. El hambre, lamentablemente, es un rostro nada amable de la globalización”, además de que es un asunto de gobernabilidad que debe atenderse decididamente, porque los esquemas de comercialización, productividad y distribución no son equitativos; al final de cuentas son un amalgama de fenómenos por los cuales las familias más pobres y marginadas carecen de alimentos suficientes para subsistir, puntualizó.
Cabrera Ruiz descartó la falta de voluntad política en las diferentes administraciones federales para combatir ese flagelo en México. Se han canalizado muchos recursos al campo, pero sin lograr los objetivos deseados, porque tampoco su distribución ha estado ajena a la corrupción.
No obstante, siguen los esfuerzos, aunque insuficientes. “Hay que reconocerlo, y por eso prevalecen pobreza, marginación y desigualdad en las familias mexicanas”.
Un mecanismo para superar esos problemas, explicó, es negociar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, en cuya propuesta sigue siendo alto el gasto corriente, es decir, el destinado a servicios personales y generales, en comparación con el desembolso para la inversión.
“Tenemos que inyectarle al campo nacional más recursos, no sólo para desplegar programas asistenciales, si no para colocarlo en el camino de la competitividad similar a la de los países desarrollados, que llevan muchos años de avance en este rubro.
El objetivo en el PEF es no dejar rezagado al sector agrario y reencauzar mayores fondos para alentar su productividad; por ello, en el seno de las comisiones estaremos atentos, con todo el interés y disposición para que los recursos canalizados al desarrollo rural y a la soberanía alimentaria sean suficientes para mejorar las condiciones de vida de las familias y eleven la producción agropecuaria.
Por otra parte, durante una reunión de trabajo del Comité del CCEDRSSA, presidido por el diputado Cabrera Ruiz, sus integrantes avalaron el Plan de Trabajo para el segundo año de la actual Legislatura, con el objetivo de vincular el quehacer parlamentario y técnico con las diversas instancias gubernamentales que promuevan los servicios técnicos para el campo.
También se anunció la realización, el próximo 12 de octubre, del Foro Nacional del Frente Parlamentario contra el Hambre, y en noviembre, un encuentro internacional en el Senado de la República, en el que participaran legisladores de ambas cámaras, así como especialistas y organizaciones civiles.
Los integrantes del Comité sostendrán el 26 de octubre una reunión de trabajo con Mely Romero Celís, subsecretaría de Desarrollo Rural, y Roxana Aguirre, titular de la Dirección General de Capacidades y Extensionismo Rural de la Sagarpa, a fin de identificar directrices presupuestales que coadyuven a incrementar las estrategias en favor del desarrollo rural.
Cabrera Ruiz enfatizó que se revisará el extensionismo rural con perspectiva de género para desarrollar sus capacidades, mediante lo cual se pretende empoderar a las mujeres campesinas, ya que juegan un papel preponderante no sólo para sacar adelante a sus familias, sino como agentes económicos en el campo nacional.
“Interesa que con la visión de dos funcionarias se intercambie información y se analicen nuevos esquemas legislativos que se vinculen con el diseño de políticas públicas que apoyen a las campesinas del país. Además, evaluar las reglas de operación de los programas manejados por la Sagarpa, para hacerlas más accesibles a los beneficios.
