La semana pasada se cumplieron dos años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y como pinta la cosa, a 24 meses de esta tragedia, que además dejó también 9 muertos, todo parece indicar que el curso de la investigación seguirá el mismo camino que la masacre de Aguas Blancas, ocurrida también en Guerrero en junio de 1995, con saldo de 17 campesinos muertos y 21 heridos y la matanza de Acteal, en Chiapas, en diciembre de 1997, en donde en una incursión paramilitar fueron masacrados 45 indígenas, entre ellos niños y mujeres embarazadas.
Si la pátina del tiempo cumple efecto, esta trilogía de muerte acrecentará el sesgo distintivo de la imagen de México en el mundo, como el país de la impunidad y la justicia maquillada.
Más allá de la “verdad histórica” tejida en una trama inverosímil por el gobierno federal y pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por impedir que el caso se cierre, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, siguen dando la batalla para el esclarecimiento pleno del caso.
En poco satisface la exigencia de justicia de este grupo de guerrerenses el hecho de que haya más de 100 personas encarceladas por sus presuntos vínculos con la desaparición de sus hijos. Tampoco sirve de mucho la abultada agenda de reuniones con el secretario de Gobernación, la procuradora de la República y los esporádicos encuentros con el Presidente de la República, si el mar de dudas que prevalecen en torno al caso, no se disipan.
En el juego de contrapesos que se ha convertido la investigación, llama la atención el esfuerzo de la Comisión Legislativa que se creó para dar seguimiento a las investigaciones y que, a un año de operación, ha puesto el dedo en la llaga en torno a omisiones del gobierno federal y sus áreas involucradas.
Pero al igual que ocurría con la figura de Penélope, en la mitología griega, esta Comisión, en la que el PRI y sus satélites son mayoría, los cancerberos del oficialismo se encargan de destejer de noche y en lo oscurito los avances que la oposición logran tejer con gran dificultad y a los ojos de todos.
El factor fundamental que mantiene empantanada la investigación de Ayotzinapa, al igual que ocurrió con Aguas Blancas y Acteal, es que las víctimas provienen de los estratos más pobres de la población y que su extracción indígena les marca con un doble sello cada vez más lejano de la justicia.
Ser pobres, pertenecer a grupos indígenas y estar vinculados a grupos opositores al gobierno local y federal, son una mezcla perniciosa que parece haber dictado la sentencia de cerrar el caso a la brevedad, pues estos casos son considerados por el oficialismo como “daño colateral” y elementos prescindibles para los hombres y mujeres del poder.
Por la masacre de Aguas Blancas fueron consignados 10 policías, acusados de homicidio y abuso de autoridad y se buscó erradicar la sospecha de que se trató de una acción paramilitar dirigida a desarticular a un fuerte grupo opositor conocido como Organización Campesina de la Sierra del Sur. En Acteal, fueron inculpados 26 indígenas, pero los investigadores se hicieron de la “vista gorda” cuando se comprobó que mandos militares de Chiapas armaron a este grupo para perpetrar la masacre, generando una salida de impunidad que ha mantenido intocados los privilegios del status quo en la región..
A dos años del Caso Ayotzinapa, lo deseable es que la investigación no se dé por agotada y los verdaderos culpables de la desaparición de los 43 normalistas sean castigados. Los padres de los estudiantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Legislativa del Caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, tienen frente a sí este reto mayúsculo, el de impedir el carpetazo oficial y que el pueblo eche al olvido esta nueva afrenta a los grupos más vulnerables de la población.
En una situación hipotética imaginemos ¿cuál habría sido la respuesta del gobierno si los 43 estudiantes hubieran pertenecido a una reconocida Universidad privada o algunos de estos jóvenes tuvieran vínculos familiares con altos funcionarios públicos o dirigentes del sector empresarial? Es sólo una pregunta.
Y no estaría de más, que en esa desaforada decisión de abrir “otras líneas” de investigación, la autoridad girara la mirada hacia otros municipios, que también son claves en el trasiego de drogas y no sólo limitarse a investigar Iguala y Cocula. Por ejemplo, está el bajo mundo de las apuestas, en donde el narco poder ha sentado sus reales, no sólo en Guerrero, sino en gran parte del país.
Se sabe, por ejemplo, que el 27 de Septiembre de 2014, en Iguala, se jugó el partido inaugural de fútbol de Tercera División entre el equipo local representativo de Iguala y los Avispones de Chilpancingo. Durante el juego, se trabaron apuestas muy jugosas por prestanombres de reconocidos narcotraficantes, a favor del equipo local.
El equipo de Iguala perdió por marcador de tres goles contra uno y con ello, las apuestas del grupo en cuestión acusaron graves pérdidas. Esto, por ejemplo, podría justificar la agresión contra el autobús de los Avispones y descartar que haya existido una confusión con los autobuses de los normalistas.
O que se rascara también sobre el terreno que la Secretaria de la Defensa Nacional donó al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para construir la plaza Galerías Tamarindo, con un costo ahora de cerca de 300 millones de pesos y que la gestión correspondiente para la adjudicación del inmueble la realizaron el ex senador Lázaro Mazón y el diputado local Rubén Figueroa Smutny.
Lejos de que se abra un resquicio de luz a la investigación, en la víspera del segundo aniversario del caso Ayotzinapa, el gobernador Héctor Astudillo, cuyo gobierno ha sumado otros cientos de muertos a la larga cauda de víctimas de la inseguridad en el estado, ha tomado las de Villadiego acusando de cobarde al Senador Armando Ríos Piter, quien vía twitter le recriminó los magros resultados de su gestión en materia de seguridad pública.
Esta lamentable escaramuza verbal es el signo de lo que está por venir en los días próximos: intercambio de acusaciones, deslindes y más punch al caldo de cultivo de la impunidad. Esperemos que el caso no concluya con una cortina de humo y las cuentas les sean endosadas a chivos expiatorios que tuvieron la mala fortuna de estar en el sitio equivocado y a la hora equivocada. ¿Usted que piensa distinguido lector?
Movimientos telúricos…Armando Ríos Piter solicitó que a través de un exhorto del Senado de la República al gobierno de Guerrero, se convoque a todas las fuerzas políticas y sociales a un diálogo abierto que permita construir una estrategia de seguridad en el estado…el senador guerrerense también pidió a Miguel Osorio Chong no se distraiga en temas de campaña personal y atienda el combate a la inseguridad en el país…marcop1955@hotmail.com
Esta columna se publica en Diario 21 de Iguala; Diario Puntual; Diario de Taxco; Guerrero Habla; informate.com; entresemana.com; analisisafondo.com; vorágine.com y Desde Abajo en Acapulco.
