Los integrantes del CCA, expusieron a los legisladores que de no tomar las medidas inmediatas para impulsar la oferta competitiva y eficientar el consumo del agua, se ocasionará una reducción de las reservas de 11 mil 500 millones de metros cúbicos por año.
Por su parte, el diputado Pichardo Lechuga afirmó que el propósito de estas reuniones es escuchar a todos los sectores involucrados y poder crear un ordenamiento con el mayor consenso posible.
Pidió a los integrantes del CCA detallar la propuesta sobre cómo la sociedad civil puede intervenir en el sistema de información hídrica, quién debe hacerse cargo del mismo y qué costo representaría extraer agua de cuencas subterráneas.
El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) invitó a las organizaciones a no constituirse en grupos de interés y preguntó cuál es la propuesta del CCA para que se logre una distribución equitativa de líquido.
Nelson Arismendi, integrante del CCA, expuso que el agua es vista como un asunto de seguridad nacional, ya que la ley actual ha sido rebasada por los retos y los avances tecnológicos.
Indicó que ante la degradación de la calidad del agua y el aumento de la demanda, México está en una situación vulnerable, y de no tomar acciones inmediatas para impulsar una oferta competitiva y eficientar el consumo del agua, se ocasionará una reducción de las reservas por 11 mil 500 millones de metros cúbicos por año.
Apuntó que las aguas bajo tierra no han recibido inversiones, lo cual es lamentable, pues existe un gran potencial en las cuencas subterráneas. Consideró que si se fomenta la inversión en este rubro se podría triplicar la disponibilidad.
Resaltó que la innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para dimensionar los acuíferos actuales y definir la altitud, longitud y profundidad de las cuencas hídricas y con ello calcular la disponibilidad y calidad de los acuíferos.
Consideró necesario incluir en el nuevo ordenamiento jurídico mecanismos que fomenten la investigación y exploración de las reservas de agua subterránea y renovable, a fin de mejorar la captación de agua de lluvia, eficientar la demanda con la tecnificación del campo para reducir el consumo de líquido y mejorar su productividad.
María Elena Mesta Fernández, consultora asociada en Políticas Públicas y Derecho Ambiental de Consultores en Ecuación, Desarrollo y Capacitación, S.C., mencionó que el nuevo marco jurídico debe dar valor a la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, es decir, dejar de desarrollar marcos jurídicos de manera mecánica.
Agregó que se requiere un Consejo Nacional que pueda alimentar la toma de decisiones en materia hídrica e intervenga en la gestión; por ello, dijo, es necesario incorporar los conceptos de participación y responsabilidad social que enmarca la Constitución, donde ya no es nada más la participación de procesos, sino de resultados.
La participación social busca evaluar las políticas públicas y con ello evitar conductas irregulares de los servidores públicos y tomadores de recursos públicos.
El también miembro del CCA, Julio Santamaría, subrayó que la falta de agua afecta los hábitos saludables y el desarrollo económico de las comunidades; por lo tanto, es necesario que la nueva ley tome en cuenta lo que ha funcionado y se fomente la captación de líquido pluvial.
Resaltó que esta agua tiene buena calidad y, de implementarse un sistema de captación, se lograría abastecer al 15 por ciento de las regiones rurales que no cuentan con agua, lo cual representa cerca de dos millones de viviendas sin acceso a este servicio.
