De acuerdo a datos del CONEVAL, en la capital hay 2.5 millones de personas consideradas en pobreza y 150 mil en condiciones de pobreza extrema; 4 millones carecen de seguridad social y 1.8 millones no tienen servicio de salud.
Bajo esta lógica, la panista y Presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y Programas Sociales recordó que “históricamente, la pobreza en las ciudades siempre ha estado desamparada” y desde el GPPAN “estaremos abonando a reducir esta brecha de desigualdad, al menos en la capital del país”.
En el marco de la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social local, José Ramón Amieva Gálvez, Valdez Cuevas dijo que ante la persistencia de este flagelo, la solución no debe ser pensada en la forma de regalos, sino en políticas que generen las condiciones para que las familias de la Ciudad de México tengan los ingresos adecuados para resolver sus carencias, es decir, mejores políticas públicas.
“Si bien la pobreza no ha desaparecido, los esfuerzos para enfrentarla por parte del gobierno local deben ser reconocidos; desde que los habitantes de esta ciudad podemos elegir a quienes nos gobiernan, la política social se ha centrado en la protección a los grupos más vulnerables, con el enfoque universal y progresivo que debe corresponder a toda visión de derechos humanos”.
Agregó que el gobierno central debe pensar en continuar brindando alternativas que aporten a la capacidad de gasto de las familias, y atenuar riesgos económicos fortuitos no predecibles.
“Se debe avanzar en la codificación de la política social en un solo ordenamiento eliminaría la multitud de ordenamientos y nos permitiría una implementación de programas y acciones más sólidas y transparentes”.
Rumbo a la Constitución de la CDMX, la diputada del GPPAN cuestionó que en tiempos de transición política, de constante cambio social, ¿Qué rumbo debe tomar la política social de la Ciudad de México?; esto, a fin de abatir el flagelo de la pobreza.
“Las autoridades responsables aún tenemos frente a nosotros el reto de lograr una transversalidad efectiva; el ejercicio pleno de los derechos sociales también pasa por el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a bienes culturales y a una educación de calidad, a servicios de salud de primer nivel y atención inmediata, en un contexto de fomento económico sustentable, cambio e innovación tecnológica, y una evaluación autónoma del gobierno”, finalizó Valdez.
