Desde este espacio de representación nacional, aseguró, se dará seguimiento a las investigaciones por parte de las autoridades competentes, a fin de obtener “las respuestas que demandan las familias de los estudiantes y la sociedad en su conjunto”.
“Le decimos al pueblo mexicano que seguiremos trabajando por fortalecer las instituciones de seguridad y justicia de los tres órganos de gobierno, para que la protección, promoción y defensa de los derechos humanos sean los pilares en que se sustente el Estado mexicano”, enfatizó.
Durante la sesión de hoy, en el apartado de Agenda Política, el legislador recordó que ayer, 26 de septiembre, se cumplió el segundo aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, Guerrero, en que 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, fueron agredidos y sobre los que aún se desconoce el paradero de por lo menos 41. “Se trata de un hecho que lastimó y que sigue lastimando profundamente a la sociedad mexicana”.
Enfatizó que las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura quieren contribuir, con absoluta responsabilidad y en el marco de la división de poderes, en la búsqueda de la verdad, y que esto sirva de antecedente para que episodios como el de Iguala no vuelvan a ocurrir en México.
Bolaños Aguilar hizo un respetuoso llamado al Senado de la República para que apruebe, lo antes posible, el dictamen avalado por todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, para declarar el 26 de septiembre de cada año como el “Día Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas”.
Al fijar su posicionamiento, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (Encuentro Social) estimó que hablar de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es hacer referencia “al peor desastre en derechos humanos en nuestro país”. “Lo más importante es que los 43 normalistas no han aparecido, no sabemos exactamente qué pasó con ellos”.
Refirió que hay detenidos en la cárcel, pero la verdad no se ha puesto sobre la mesa. “No sabemos dónde están los 43 estudiantes”, insistió. Por ello, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país y a quienes integran el Estado mexicano a trabajar para avanzar en el tema de derechos humanos y en la procuración e impartición de justicia.
De la misma bancada, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán resaltó que los hechos de Ayotzinapa revelan hasta qué punto puede inmiscuirse el crimen organizado con las organizaciones policiales municipales. Estimó necesario trabajar para asegurar que las instituciones de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y en todos los niveles de gobierno, garanticen que se brinde justicia ante los lamentables sucesos de Iguala.
“Es urgente encontrar a los verdaderos culpables de estos hechos dolorosos. Deben ser procesados y sentenciados todos y cada uno de los responsables de este crimen. Mientras esto no sea realidad en México, no habremos hecho justicia ni a los jóvenes ni a los familiares víctimas de esta terrible situación”, sentenció.
El diputado Luis Manuel Hernández León (Nueva Alianza) subrayó que a dos años de estos trágicos acontecimientos “nuestro país continúa de luto”. Los lamentables hechos ocurridos son una herida que permanece abierta y que “solo cerrará hasta saber la verdad de lo sucedido con absoluta certeza”.
Consideró que conocer qué fue de los 43 estudiantes abonará a recuperar terreno en la confianza de las instituciones. Refrendó su rechazo a estos lamentables hechos y se pronunció por que continúen las investigaciones que conduzcan a esclarecer lo acontecido y castigar a los responsables.
Por el mismo partido, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz recordó que se cumplen dos años de uno de los sucesos “más violentos y estremecedores de la historia reciente de México”.
Destacó que su bancada exhorta a la PGR a redoblar esfuerzos, ya que existen pasos alentadores, pero la ciudadanía exige aún más. Precisó que su bancada seguirá exigiendo cuentas a la procuración de justicia de nuestro país, y demandando los más altos estándares de actuación por parte de las y los servidores públicos
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco indicó que los crímenes de Estado ocurridos en Iguala, Guerrero, son solo la “punta del iceberg de la violación a los derechos humanos que ha sido sistemática en este país”.
Subrayó que el Estado mexicano ha sido “incapaz de garantizar el derecho a la verdad, pero, además, no ha tenido voluntad para investigar a profundidad las violaciones a los derechos humanos que se cometen en este país; pero lo peor es que tampoco hay un cambio de estrategia para que eso se siga evitando”. Exigió que la PGR agote todas las investigaciones y no quede nadie sin averiguar en este país, sea del nivel que sea.
También de MC, la diputada Marbella Toledo Ibarra destacó que los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Iguala evidenciaron ante el mundo que en Guerrero “la podredumbre de las instituciones del Estado no es una excepción a la regla, sino la regla en sí”.
Sostuvo que mientras continúe el encubrimiento, la impunidad y el dolor de las familias, y mientras no aparezcan los 43 estudiantes normalistas, el Estado sigue siendo el responsable. “Exigimos verdad, justicia y reparación”.
La diputada Araceli Damián González (Morena) señaló que lo sucedido en Iguala marcó un parteaguas en la forma como reaccionó la sociedad. “La tardía y torpe respuesta del gobierno no sólo ha sido criticada en el ámbito nacional, sino internacional”, sostuvo.
La verdad histórica que sostiene que los jóvenes fueron confundidos con narcotraficantes e incinerados en Cocula, indicó, “no ha sido probada; por el contrario, cada vez hay más evidencia de que esto no pudo ser así”. Dijo que su grupo parlamentario exige al Ejecutivo a no continuar con “la simulación y permita a las víctimas el acceso a la justicia y a la verdad”.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo, del mismo partido, indicó que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre quedarán marcadas en la historia de este sexenio como el día de la “deshonra del Ejecutivo federal y se recordará en la memoria colectiva como un agravio contra todos los mexicanos, como una fecha de horror y muerte”.
“Ese día el gobierno mostró el salvajismo en que se ha convertido México, en un Estado corrupto, que no es capaz de dar protección a la ciudadanía ni respetar los derechos humanos. Es un Estado fallido, donde los delincuentes se encuentran entre los funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores, policías municipales, estatales y federales y miembros de la Fuerzas Armadas”, sostuvo.
Del PVEM, el diputado Cándido Ochoa Rojas mencionó que los hechos acontecidos dejaron como saldo 43 estudiantes desaparecidos, seis personas muertas y 180 lesionadas, así como “una serie de incógnitas que esperemos sean prontamente resueltas para tranquilidad de todos”.
Expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y dijo que la Comisión de Ayotzinapa trabajará con profesionalismo y exhaustividad, para que junto con las autoridades se llegue al fondo de este caso.
De la misma bancada, el diputado Arturo Álvarez Angli admitió que a dos años de la tragedia quedan aún muchas asignaturas pendientes. Las autoridades continúan en el esfuerzo por encontrar el paradero de 43 jóvenes y siguen abiertas diversas líneas de investigación para establecer con precisión el móvil de los hechos.
Aseguró que el gobierno federal no ha abdicado en su obligación y convicción por llegar a la verdad y fincar responsabilidades a todos los implicados. Sin embargo, dijo, la tragedia desnudó un sistema de procuración de justicia absolutamente deficiente en el estado de Guerrero y la enorme dificultad en el país por lograr una mayor coordinación y más rápida determinación en crímenes de alto impacto.
La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) afirmó que su partido político exige la verdad y justicia para todas las víctimas y castigo para los culpables. Estimó que lo terrible, es que a dos años de los acontecimientos, se revictimice a las familias y existan funcionarios que hagan “uso político del dolor y la desgracia para satisfacer sus necesidades protagónicas”.
Comentó que el nuevo objeto de la comisión de Ayotzinapa será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como a las recomendaciones de otras instancias. Manifestó su solidaridad y reiteró su compromiso para que el delito no quede impune, porque queremos verdad, justicia, reparación y no repetición.
El también perredista, Erik Juárez Blanquet, señaló que los hechos ocurridos representan para los mexicanos “no sólo un episodio doloroso que nos llena de indignación, sino que pone al descubierto la descomposición del tejido social, así como la crisis ética, política y de justicia por la que estamos atravesando en este país”.
Consideró que se está frente a una crisis humanitaria en la que se han registrado miles de desaparecidos, mucho más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y de desplazamiento, en la cual el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes han actuado como cómplices de la criminalidad organizada.
Por su parte, la diputada Karina Padilla Ávila (PAN) consideró que los acontecimientos serán recordados por poner de manifiesto una “grave crisis institucional y de derechos humanos que lastimó no solo a 43 jóvenes y a sus familias, sino a la sociedad entera”, ya que puso al descubierto las enormes deficiencias del sistema de procuración de justicia, y que sigue envuelto en especulaciones y sin resultados.
Enfatizó que aún quedan muchas dudas en distintos aspectos y hasta el momento solo se tienen encarcelados a varios de los autores materiales de esta masacre, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los autores intelectuales, quién o quiénes dieron las órdenes. “La tragedia de Iguala es una afrenta que reclama responsabilidad jurídica, política y social”.
La diputada panista Emma Margarita Alemán Olvera dijo que el caso sigue abierto y su partido considera que los trabajos de la Comisión Investigadora deben continuar ahora en un nuevo objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones en materia de derechos humanos.
Recalcó que es hora de poner un alto contundente a la desaparición forzada en todo el país e insistir en la defensa del Estado de derecho. “No queremos más desaparecidos”.
La diputada Silvia Rivera Carbajal (PRI) reiteró el compromiso de su partido con las víctimas y familiares y demandó que la indagatoria continúe con base en principios éticos, científicos y de respeto a los derechos humanos.
Estimó que se debe reconocer que la investigación sigue, y que ningún hecho da el fundamento para concluir lo contrario. Se sigue buscando a los normalistas con base en más de 850 acciones de búsqueda entre la Procuraduría General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la de Gobernación, así como con la cooperación internacional, para esclarecer los hechos.
De la misma bancada, el diputado Víctor Manuel Silva Tejeda aseguró que el Estado mexicano ha dado las respuestas necesarias y siempre “hemos estado, tanto en las instituciones como en esta Cámara de Diputados, dispuestos a escuchar a todos los actores”.
Reiteró que su fracción parlamentaria está dispuesta a seguir apoyando hasta donde sea posible para encontrar la verdad. “Estamos decididos seguir adelante para que no se repita una circunstancia tan lamentable como la que hemos vivido en Iguala”.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, a las 11:00 horas.
