Pide además que la colegisladora incremente el gasto público en inversión y financiamiento de programas sociales en materia de salud y desarrollo social, con el propósito de superar las condiciones de marginación y pobreza en las que viven millones de mexicanas y mexicanos.
En las consideraciones del documento, Morón Orozco subraya que el país atraviesa por una crisis económica, social, de derechos humanos, seguridad ciudadana, humanitaria y de ética, en lo que respecta a la legitimidad de sus gobernantes.
Expone que el gobierno federal propone un incremento de casi seis por ciento en la deuda pública y endeudamiento interno adicional al techo de deuda considerado. No obstante, considera que sigue sin controles la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo solicita, y se le autoriza, endeudamiento federal.
No contamos, afirma, con la claridad suficiente por parte del gobierno federal para identificar y analizar los ámbitos y rubros, los programas y proyectos, que serán financiados con deuda, por lo que no se pueden estimar los costos y beneficios, el impacto mismo, que este endeudamiento generaría.
Además, la economía mexicana sigue sin alcanzar el crecimiento prometido durante todos estos años, destaca.
El Presidente ha dicho que privilegiará la inversión pública en infraestructura y “capital humano”, sin embargo, habría un recorte en infraestructura por 35 mil millones de pesos, y los programas afectados serán: “Proyectos de construcción de carreteras” y “Reconstrucción y Conservación de Carreteras”. En salud, se recortarán los programas “Seguro Popular” y “Atención a la Salud”.
Sobre el recorte en educación, afirma que en 2016 la Secretaría de Educación Pública tuvo un presupuesto aprobado de más 302 mil millones de pesos y para 2017 tendrá aproximadamente 265 mil millones de pesos, lo que representa un recorte de más de 37 mil millones de pesos.
Señala que es absolutamente contradictorio, y un síntoma del extravío del actual gobierno, el hecho de que a la Reforma Educativa se le vaya a recortar en 2017 casi el 72 por ciento de su presupuesto. Lo mismo ocurre, añade, con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo que se reduce en 11 por ciento, y el de Inclusión Digital, que el próximo año se queda en ceros.
El legislador subraya que es una obligación del gobierno federal privilegiar el gasto social y la inversión pública, así como disminuir sus gastos superfluos; y advierte que este paquete económico no obedece a esta exigencia de la sociedad mexicana.
