Acusó a los autores de la propuesta presidencial no incluir recortes donde se debería, como en servicios personales, sueldos, salarios, dietas, honorarios y seguros médicos, los que representan gran despilfarro de recursos.
Afirmó que los “focos rojos” en todo el país sigue encendidos en homicidios, secuestros, extorsión, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, lesiones y violación, además del crecimiento de la delincuencia organizada.
Sin embargo, la iniciativa presidencial plantea un recorte de gran magnitud que no se había visto en los últimos años.
La legisladora, quien es la Coordinadora del área de Seguridad Pública y Justicia del GPPRD, consideró que es muy lamentable la propuesta presidencial porque además los recortes incluyen rubros sociales como salud, educación, vivienda y generación de empleos.
Anotó que es de llamar la atención el tamaño del recorte y lo que implícitamente representa cuando apenas en junio pasado, el gobierno federal reconoció que “es imprescindible mejorar las condiciones de seguridad y justicia, mediante la ejecución de estrategias que contribuyan a garantizar la seguridad nacional”.
Dijo que si bien el PRD considera que el Presupuesto de Egresos para el próximo año debe tener como prioridad el desarrollo económico y la inversión productiva, es conveniente que los recursos en materia de seguridad pública para el año entrante se mantenga en los mismos términos del 2016.
La legisladora federal por la Ciudad de México destacó que, según la Asociación Nacional de Alcaldes, existe una lista de 54 municipios con mayor índice de homicidios y violencia generalizada con los que el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 30 de agosto, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, se comprometió a implementar una nueva estrategia de seguridad.
Al parecer, dijo, ese compromiso no lo va a cumplir porque el recorte incluye a la Coordinación Nacional del Sistema de Seguridad Pública, cuya institución se vería afectada con una disminución de un mil 660 millones de pesos, lo que significaría una reducción de 24.6 por ciento en términos reales.
En lo que toca a los recursos para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortasec), este rubro tendrá una disminución de tres mil 681 millones de pesos, mientras que la implementación de la reforma al sistema penal acusatorio tendrá cero pesos, cuando en el presente año obtuvo 713 millones 145 mil 295 pesos; en tanto que el Programa Nacional de Prevención del Delito se quedará igual, sin nada, luego de que en el PEF 2016 se le entregaron dos mil 15 millones, 311 mil 756 pesos.
Puntualizó que un aspecto preocupante es el relativo al tema de derechos humanos que, probablemente, es el “talón de Aquiles” del gobierno de Enrique Peña Nieto, a cuyo rubro se le asignarán 590 millones de pesos menos para el 2017 que deben destinarse a la promoción de los derechos humanos y al combate a la discriminación.
García Bravo detalló que en el Ramo 33, relativo a Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, es decir, al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, recibirá, al menos, el mismo monto que en el PEF-2016: siete mil millones de pesos.
Así también que no habrá recursos adicionales para la profesionalización de las corporaciones policíacas, que es uno de los pendientes a la reforma del Mando Mixto, mientras que los órganos de generación de información e inteligencia, que representa la base de datos de “Plataforma México”, tendrá un recorte de más de la mitad de su presupuesto.
