Argumentó que existe información de que el manejo de este programa no ha sido del todo transparente, lo que sin ninguna duda, dijo, “genera dudas sobre su implementación y sus beneficios. Por ello es primordial que la SCT salga al paso de estas versiones”.
La también secretaria de la Comisión de Comunicaciones explicó que en diversas fuentes se ha señalado la participación de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el desarrollo de “México Conectado”.
Sin embargo, apuntó, es del conocimiento público que familiares de las autoridades de esta casa de estudios están contratados en el programa, lo que genera suspicacias. Solicitó se remita un informe pormenorizado de los recursos entregados a la Universidad de Guadalajara.
La legisladora guerrerense pidió que frente a los recortes que se aplicaron al presupuesto de este año, y que impactaron severamente en el desarrollo de “México Conectado”, resulta de interés de la Cámara Baja conocer cuáles son los ajustes que se han realizado al mismo y el impacto en la meta de conectividad para este mismo año.
Así, consideró importante que la SCT haga de conocimiento de la Cámara de Diputados los avances o retrocesos del programa a fin de cumplir lo que establece el artículo 6 de la Constitución de la República en su párrafo tercero, donde se prevé el derecho de las personas a tener acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), incluidos los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e internet, amén que es una obligación del Estado garantizarlo.
Recordó que uno de los propósitos del programa es acercar las TIC´s a todas las personas a fin de disminuir la brecha digital en nuestro país, de modo que por ejemplo los estudiantes cuenten con internet gratuito en sus centros educativos, el personal de salud pueda tener acceso a esta tecnología en las clínicas o cualquier persona en las plazas públicas.
De acuerdo con datos del Cuarto Informe de Gobierno, el número de sitios y espacios públicos con servicios de Internet de banda ancha contratados por la administración federal, hasta agosto del presente año, ascendió a 101 mil y de éste total 62.3% corresponden a centros de trabajo educativos y de investigación, 20.7% a espacios públicos (oficinas de gobierno) y 17% a centros de salud y comunitarios.
Por lo anterior, afirmó, es claro el incumplimiento del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se comprometió que para este año el programa habría de llegar a 160 mil puntos de conexión a internet, es decir, 59 mil más que con el que se contaba en agosto del 2015.
Frente a esto Flores Sonduk consideró que en la Cámara de Diputados deben preguntarse qué es entonces lo que se ha hecho durante este ejercicio fiscal en el Programa “México Conectado”, a fin de conocer los avances en esta importante materia de garantizar el derecho a la banda ancha y el internet.
