En reunión con organismos no gubernamentales por la defensa de los derechos de las mujeres, las legisladoras reprocharon que haya intentos que busquen terminar con los avances logrados en 40 años de lucha por dignificar a las mujeres en sus distintas causas.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), explicó que la iniciativa de reformas al artículo 4° de la Carta Magna, presentada el pasado 8 de septiembre, es anticonstitucional.
La modificación propuesta busca que el Estado reconozca el derecho humano al matrimonio entre un hombre y una mujer, y la protección de la vida desde la fecundación.
La diputada Plascencia Pacheco recordó que en la reforma del 2001 al artículo 1º constitucional, se abrió una serie de convencionalidades a las que se puede invocar para garantizar diferentes temas en los derechos humanos de las mujeres, atendiendo el principio de progresividad.
“No se puede seguir incitando a que las niñas que han sido abusadas sexualmente no tengan derecho a la salud que la misma ley prevé; me refiero a la interrupción legal del embarazo, que está perfectamente estipulada”, afirmó.
Dijo que es preocupante “la cifra negra”, reconocida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de que tan sólo en el 2015 más de 900 mil mujeres, en su mayoría niñas, fueron abusadas sexualmente.
Informó que la comisión que preside ha pedido que la iniciativa sea dictaminada en conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales.
“Respetamos las formas de pensar y creer que es algo que nos distingue en México, pero como diputada federal, el primer punto es cumplir la Constitución y a los mexicanos”, refrendó.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri (PRD, indicó que, a nombre personal, abraza la postura del laicismo y la búsqueda incesante de libertades democráticas. “Habremos muchos que opinaremos de forma parecida al pensamiento que nos manifiestan”.
“Veo con preocupación lo que ocurre en el país, esta frecuente mención de asuntos relacionados con el odio, la actitud que algunos grupos han venido tomando respecto a una situación muy concreta y que debiera preocuparnos a todos”.
Sostuvo que en la Cámara de Diputados hay hombres y mujeres a favor de cambios fundamentales, pero, sobre todo, porque las libertades se conquisten y no haya involución en los derechos humanos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) se pronunció contra la iniciativa en comento, dado que, además de una regresión, implicaría una modificación a toda la Constitución Política.
Consideró que debe legislarse de forma laica e independiente de si el legislador cree o no en Dios. “El Estado no debe dictarle a la Iglesia quién se puede casar o no, pero la Iglesia tampoco puede mandatarlo al Estado”.
Del PVEM, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama comentó que la diversidad y las distintas ideologías es lo que hace una mejor comunidad y sociedad. “Tengan por seguro que de mi parte, esta iniciativa no sólo no va a contar con mi voto, sino que mi trabajo estará enfocado a unir esfuerzos en favor de los derechos de las mujeres, y a la libertad de ambos géneros por elegir el rumbo de su vida personal”.
La diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) dijo que dejarán en claro la defensa a los derechos de las mujeres, los cuales tardaron hasta 40 años en ser logrados mediante reformas.
Planteó la necesidad de “hacer conciencia de información sobre la desinformación” que hay sobre una iniciativa del Ejecutivo.
La diputada del PRI, Flor Estela Rentería Medina, manifestó todo su respaldo por seguir luchando por la igualdad de género.
Lia Limón García, diputada del PVEM, reconoció que después de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos “no hay vuelta atrás”, debido a que la progresividad es ya una definición incluida en la Constitución.
Guadalupe Ramos Ponce, representante de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), explicó que el documento entregado es para pedir que la iniciativa de referencia no sea aprobada por la Cámara de Diputados, debido a que “es un retroceso contra el Estado, los derechos humanos y el Estado laico”.
Patricia Bedoya, de la Academia Morelense de Derechos Humanos, aseguró que México vive una crisis en este ámbito en el cual el Estado se ha mantenido lejos de las manifestaciones auspiciadas por la iglesia y lideradas desde el Episcopado. “Son marchas de discriminación contra las distintas figuras de la familia”.
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir, advirtió que la propuesta está basada en fundamentos religiosos y no cuentan con sustento científico, por lo que cuestionó “¿Las mujeres que no pueden tener hijos no tienen derecho a una familia?
La integrante de la Asamblea Constituyente para la Constitución de la Ciudad de México, Adriana Luna Parra, exigió que el gobierno actúe en defensa del Estado laico, ante el silencio de la Secretaría de Gobernación frente a estas pretensiones.
Martha Juárez Pérez, enlace con el Poder Legislativo del Consorcio para el Diálogo Parlamentario, enfatizó que la iniciativa mencionada no apunta sólo contra los matrimonios igualitarios, sino también en retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres.
Apuntó que debido a reformas en las Constituciones de distintas entidades, por reacción contraria a la legalización del aborto en la CDMX, las denuncias contra mujeres por realizarse este procedimiento pasaron de un promedio de 24 al año a 262 en el mismo lapso.
