Mencionó que de acuerdo con una valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), –a petición de la propia Mesa Directiva de la Cámara de Diputados-, la implementación del SNA tendría un impacto presupuestario estimado en mil 506.2 mdp en 2017.
Puntualizó que este sistema, derivado de la reforma constitucional de 2015, requeriría 15.2 mdp para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 mdp, a la Secretaría Ejecutiva; 22.0 mdp, a la Plataforma Digital Nacional; 155.9 mdp, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152.4 mdp, a la Auditoría Superior de la Federación, y 137.9 mdp para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Aclaró que conforme a la misma investigación del CEFP, las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública no tendrían impacto presupuestario dado que se transferirían diversos órganos desconcentrados a esa dependencia federal.
Dijo que, al mismo tiempo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las modificaciones al Código Penal no establecen nuevas atribuciones, programas presupuestarios o modificación de estructuras administrativas.
El diputado Javier Bolaños manifestó su preocupación por la carencia de recursos del presupuesto federal del próximo año a un asunto de gran relevancia para el país como el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin presupuesto, este mecanismo no podrá operar ni tendrá los resultados previstos por las distintas fuerzas políticas, mediante los acuerdos alcanzados, en su momento, para combatir a fondo la corrupción en la sociedad mexicana, advirtió.
Recordó que el SNA es resultado de diversas normas y puntualizó que una de ellas es la Ley General del Sistema Anticorrupción, la cual establece la creación de un Comité de Participación Ciudadana (CPC), una Secretaría Ejecutiva y una Plataforma Digital Nacional, entre otras aspectos.
Además, se aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se establece la obligación de los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, y se creó la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
En términos generales, el presidente de la Cámara de Diputados hizo un llamado a que el presupuesto federal del próximo año deberá atender, sin distinción, las necesidades y reclamos de todos los sectores, con la asignación de dinero público suficiente para apoyar educación, salud, campo, seguridad, e infraestructura, así como los programas sociales que den bienestar a los grupos más vulnerables.
Para ello, expresó, será inevitable revisar sin prisas y con toda la capacidad de análisis el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, que este jueves 22 de septiembre explicará a los diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y a quien se solicitará reconsiderar recortes en áreas sustantivas..
Bolaños Aguilar manifestó que el gobierno federal está obligado a no desatender las áreas prioritarias y canalizar financiamiento suficiente que permita atemperar la problemática que enfrentan distintos sectores sociales, económicos y educativos, entre otros.
Dijo que también será tarea de los diputados poner especial atención a las propuestas del Ejecutivo federal en materia fiscal. “Tendremos que hacer una revisión profunda de este tema, a fin de evitar que se afecte la competitividad de las empresas, en momentos en que se requiere una mayor fuerza y desarrollo de la planta productiva nacional, ante un adverso escenario económico doméstico e internacional”.
Explicó que en la medida en que se estimule la producción industrial y se aliente la inversión, será factible contar cada vez con una mayor oferta de plazas de trabajo para los mexicanos.
De manera paralela, Bolaños Aguilar destacó la importancia de que esta semana que inicia la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaborará el calendario de comparecencias de los secretarios de Estado, que asistirán a San Lázaro con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Confió en que estos encuentros de legisladores con los representantes del gobierno federal se conviertan en auténticas oportunidades de análisis y diálogo acerca de lo que significaron las políticas, programas y acciones de la actual administración federal en los últimos 12 meses.
