A través de un Punto de Acuerdo, la Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena aseveró que persisten muchas dudas sobre el fraude de Oceanografía a Banamex, y que no se aclararon en la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del caso de la empresa Oceanografía, creada en el Senado de la República.
Agregó que por ello es prioritario que rindan cuentas ante la Cámara de Diputados los titulares de la PGR, Arely Gómez; del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Héctor Orozco Fernández, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González, así como el exjefe del SAT, Aristóteles Núñez.
“Es necesario que difundan las medidas que han llevado a cabo para proteger el patrimonio público y las razones de por qué no se han denunciado o realizado las investigaciones pertinentes por las omisiones señaladas en el caso, así como hacer públicas las indagatorias que existen en su contra y de particulares como Exincomer y de instituciones públicas como PEMEX”, acotó.
Consideró que la participación de los funcionarios de la PGR, SAE, SAT y CNBV puso en riesgo recursos y patrimonio del sector público, ya que entre 2003 y 2012 Oceanografía obtuvo 106 contratos, por 46 mil millones de pesos, y en 2013 obtuvo otros seis contratos, por 3 mil millones de pesos, según un informe de la citada comisión del Senado.
“Hasta ahora las acciones no han derivado en una investigación que profundice los términos de los contratos, las licitaciones, las declaraciones patrimoniales alteradas, la forma en que Oceanografía se convirtió en un proveedor de servicios estratégico y la participación de funcionarios y empresarios”, puntualizó.
La legisladora veracruzana precisó que la Procuradora General de la República incluso reconoció que esa empresa fue un instrumento para desarrollar actividades delictivas y llegó a tener una importancia estratégica bajo la cobertura de funcionarios corruptos.
Además, Nahle García advirtió sobre la presunción de conflicto de intereses por parte de Arely Gómez, ya que la funcionaria se excusó de participar en la comisión investigadora, al reconocer públicamente que tenía vínculos familiares en cuarto grado con Martín Díaz, quien se encargó de la restructuración financiera de Oceanografía, a petición de Amado Yáñex, el dueño de ésta.
“Quizás eso explique por qué la funcionaria no promovió una intervención para investigar lo que se podría considerar el resultado de una sistemática y compleja trama de corrupción. El abuso de Oceanografía es tal, que incluso se sabe del uso indebido de propiedades privadas en Campeche, que fueron invadidas por Oceanografía con la protección de funcionarios públicos”.
Al respecto, insistió que la Procuradora debe comparecer para rendir cuentas de ello, y también para saber por qué Martín Díaz, una vez detenido en Estados Unidos, no fue posible extraditarlo a México, para que aquí declare cómo llevó a cabo sus operaciones ilícitas.
La diputada Rocío Nahle dijo que, a su vez, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá que explicar la calidad de la regulación que se aplica en México y de la fuerza de las sanciones que se imponen ante malos manejos o ilícitos.
“Es importante conocer cuál fue la verdadera causa de la salida del Director de Banamex y de la remoción de Manuel Medina Mora, porque esos hechos no se pueden desvincular de las investigaciones en torno a las acciones ilícitas de Oceanografía”, aseveró.
