El líder del PRD en esa entidad señaló que este 16 de septiembre poco o nada podrá presumir Ávila Villegas en su Quinto Informe de Gobierno simple y sencillamente porque sus compromisos durante su campaña electoral y su asunción al cargo fueron mera demagogia para encubrir el saqueo al erario público y la incompetencia de su administración.
En cualquier caso –dijo Ortega Álvarez-, el resultado es el mismo para la gran mayoría de ciudadanos mexiquenses: retroceso en su calidad de vida mientras unos cuantos hacen grandes negocios al amparo de la corrupción.
El también coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados consideró un agravio que mientras Ávila Villegas destinó un mil 252 millones de pesos en 44 meses -septiembre de 2011 a mayo de 2015- en promocionar su imagen y su gobierno, en igual lapso apenas canalizó 101 millones a infraestructura, 107 millones a desarrollo social, 324 millones a vivienda, y 415 millones a comunidades indígenas.
“Realmente es un verdadero insulto que este gobernador considere mucho más importante gastar más en mejorar su desgastada imagen que en cualquiera de los rubros señalados”, reiteró Ortega Álvarez.
Y lo es más –agregó- si se considera que, de acuerdo con instituciones oficiales y organismos civiles, de 2012 a 2014 la pobreza aumentó 13 por ciento y que prácticamente la mitad de la población mexiquense está en esa condición.
No podría ser de otro modo si se toma en cuenta que al menos 70 por ciento de las seis mil obligaciones que Eruviel Ávila asumió ante Notario Público son obras pequeñas, como pintar una escuela, poner una banqueta, colocar algunas luminarias o encementar el acceso a una ranchería que, en resumidas cuentas, no significan mayor gasto, pero sí lucro electorero para el gobernador y su partido.
Es decir, nada de inversión realmente significativa para abatir la pobreza, la inseguridad y el desempleo, lo que redunda en un criminal desaprovechamiento del potencial del estado, pues concentra 14 por ciento de la población, aporta casi 10 por ciento del PIB y recibe 7.5 por ciento de la inversión extranjera directa.
En cambio, además de no atender las necesidades de los mexiquenses, el gobierno de Eruviel Ávila ha evadido temas como el de los contratos preferentes a la empresa OHL, los asesinatos en Tlatlaya, las sanciones por su indebida intervención en procesos electorales y la alarmante cantidad de feminicidios.
Sólo de 2011 a 2013 hubo 840 asesinatos y mil 258 desapariciones de mujeres, de las cuales 53 por ciento eran niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años.
“Los datos impactan por sí mismos, pero lo que impacta aún más es que después de cinco años que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó la declaratoria de alerta de género, el gobernador Ávila sólo reconoció la violencia sistemática contra las mujeres hasta 2015 porque, desde su punto de vista, las mujeres en su estado eran protegidas y apoyadas”.
Para Ortega Álvarez, esa negación de la realidad para centrarse y concentrarse en la mejora de su imagen hace a la administración estatal corresponsable de muchas muertes que pudieron evitarse si se hubiera actuado a tiempo.
Su responsabilidad es mayor –dijo- porque, a los reclamos ciudadanos responde con represión, como lo prueban las 150 agresiones contra defensores de Derechos Humanos, algunos de ellos asesinados.
“En resumen: pese al desvío de recursos públicos hacia publicidad y propaganda, el gobierno de Eruviel Ávila está hundido en el descrédito porque sus acciones a favor de la ciudadanía son mucho menos que sus agravios hacia ella”, concluyó el diputado.
