Un ejemplo de ello, agregó, es que ni siquiera menciona las consecuencias de la mal llamada Reforma Educativa, como son las movilizaciones sociales en contra de ésta y la represión a miles de trabajadores que exhibieron el tinte punitivo de la misma.
Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, con motivo del Análisis de dicho informe en materia de Política Social, hizo un llamado para que la Cámara de Diputados honre el mandato constitucional y sea empleada con respeto y dignidad.
“Nuestra función no debe estar relacionada con alabanzas basadas en filias partidistas. Por ello, en materia de desarrollo social, es prudente plantear algunos cuestionamientos. En cuatro años de gobierno ¿se aprecia, de manera significativa, un desarrollo social en el país? ¿Las políticas y los programas sociales han cumplido con su cometido? ¿Es correcta la forma de medición de la pobreza”, puntualizó.
Ante el pleno camaral, también puso en duda si el presupuesto se asigna y ejerce de manera justa en el rubro social, ya que desgraciadamente para las 53 millones de personas que viven en pobreza, según el CONEVAL, o los 48 millones que asegura el INEGI, dichas preguntas tienen respuestas negativas.
“Basta recordar que hace unos días se presentó el Informe de Desarrollo en México, donde se menciona que no se ha logrado el incremento de la actividad económica ni el crecimiento de la actividad productiva, debido a la falta de inversión y a la deficiente distribución del ingreso”, mencionó la integrante de la Comisión de Desarrollo Social.
Asimismo, refirió que los resultados de la administración de Peña Nieto reflejan su incapacidad para gobernar y resolver los problemas que aquejan al país, por lo que los índices de pobreza, violencia e inseguridad, entre otros, continúan en aumento.
Hernández Colín añadió que el Ejecutivo Federal únicamente pretende resolverlos cuando hay en puerta procesos electorales, como ocurre con el tema de la pobreza al otorgar despensas o poner en marcha programas sociales como Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Éstos, apuntó, a decir de la Auditoría Superior de la Federación no permiten verificar en qué proporción se garantiza el acceso a la alimentación de aquellas siete millones de personas que viven en pobreza extrema.
