Los legisladores destacaron que, con el recorte presupuestal anunciado el 24 de junio de 2016, la SHCP hizo énfasis en la reducción del gasto corriente, pero inevitablemente también se proyectó la disminución del gasto de algunas dependencias gubernamentales, cuestión que preocupa porque podría reducir la efectividad de las políticas públicas instrumentadas por las distintas dependencias.
En este contexto, aprobaron un punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda un informe sobre las medidas que se adoptarán para que los ajustes al gasto público, anunciados el 24 de junio de 2016, no impacten de manera negativa a las secretarías de Educación Pública, Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a los programas productivos y sociales del sector agropecuario, pesquero y alimentario.
Además, requirieron de la dependencia federal información sobre los recortes al gasto público en materia de desarrollo social que se prevén realizar para el ejercicio fiscal 2017.
En el dictamen, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión enfatizó que garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución depende en buena medida de la acción del Estado, a través de las dependencias gubernamentales a las que les son asignados recursos para su funcionamiento.
Dejó en claro que el combate a la violencia contra las mujeres es una de las principales prioridades del Estado mexicano que demanda redoblar los esfuerzos y que las acciones de las secretarías de Educación, Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y SAGARPA contribuyen en gran medida a garantizar los derechos sociales de los mexicanos, consagrados en la Carta Magna.
Los legisladores refirieron que las finanzas públicas “atraviesan por un momento complicado” en virtud del difícil entorno económico y la caída de los precios internacionales del petróleo.
“Previendo el posible impacto en los mercados financieros internacionales de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, nuestro país se vio obligado a fortalecer sus fundamentos macroeconómicos por medio de un segundo ajuste al gasto público, adicional al anunciado el 17 de febrero de 2017, por un monto de 31 mil 715 millones de pesos.
“Estamos conscientes de que con este nuevo recorte se pretende asegurar el cumplimiento de la meta de carácter fiscal de las finanzas públicas del país y que disminuyan los requerimientos financieros del sector público en 2016, pero si bien los ajustes se enfocan al gasto corriente, los recortes presupuestales podrían obstaculizar la operación eficiente de diversos programas sociales estratégicos”, asentaron.
