“Quienes impartimos justicia, tenemos como obligación hacer realidad el derecho a la igualdad buscando evitar que en el proceso de interpretación y aplicación de las normas, intervengan concepciones prejuiciadas a partir de cómo son y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo determinado o por su preferencia u orientación sexuales”.
Dijo lo anterior, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al inaugurar el 5º. Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, en el que participan magistradas y magistrados, juezas y jueces de todo el país.
Subrayó que el reto de los juzgadores federales es procurar, en todo momento, que los patrones imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia ya que en ocasiones afecta la credibilidad de un testigo o la valoración de una prueba.
Desde su experiencia como juzgador mencionó que desafortunadamente es muy común encontrar situaciones en donde la conducta del agresor se pretende justificar por el comportamiento de la víctima.
Ante estas situaciones, señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el uso del término “crimen pasional” quita la responsabilidad al agresor y centra el problema en la víctima considerando que de alguna manera por sus relaciones personales o por su forma de ser la llevan a tener consecuencias de violencia de cualquier tipo.
Acompañado de la consejera Rosa Elena González Tirado y del Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, el ministro presidente reafirmó su convicción de continuar con el análisis de sentencias y buenas prácticas judiciales que se han venido realizando por quinto año consecutivo, ya que ha sido fructífero y redunda en beneficio de los justiciables.
En su intervención, el presidente del CJF destacó su preocupación por aquellos casos donde se da la intersección de discriminaciones, es decir, donde se cruzan vulnerabilidades como la pobreza o la edad en el caso de niñas o personas mayores.
Mencionó que si bien son las mujeres las que más se ven afectadas por los estereotipos respecto de los roles sociales, también ha habido casos donde el hombre es el perjudicado.
Los invitó a reflexionar sobre el alcance que debe tener la reparación del daño a una víctima, la cual se ha dicho no debe tener solo un fin restitutivo sino también correctivo, ya que sería inadmisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación de la que son objeto las mujeres.
Recordó que el tema de la igualdad en un principio era un asunto casi exclusivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en tiempos recientes el PJF lo ha asumido como un asunto prioritario, derivado en parte por los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido y por las obligaciones derivadas de la sentencia conocida como campo algodonero.
Hizo un recuento de la adhesión de México a instrumentos internacionales tales como las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación conocida como CEDAW en 1981 y la conocida como Belem do Pará en 1995.
En materia legislativa, indicó que desde el texto original de la Constitución de 1917 no se hace diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a titularidad de derechos y solo incluyó medidas de protección a ellas y a los niños en el artículo 123, prohibiendo los trabajos insalubres y el trabajo nocturno.
No obstante, puntualizó que la mujer no pudo votar ni ser votada en las primeras elecciones del siglo XX por una interpretación del texto constitucional, postergando así el ejercicio pleno de sus derechos políticos y su ciudadanía hasta la segunda mitad del siglo.
En materia civil, abundó que las restricciones o limitaciones que enfrentaron las mujeres fueron muchas y diversas, tales como la imposibilidad para contratar, el acceso a la educación le estuvo negada, más en los hechos que en el derecho; no podía transmitir la nacionalidad a sus hijos cuando nacían en el extranjero, salvo que el padre fuera desconocido y tampoco podía transmitir la nacionalidad a su cónyuge.
“Podríamos seguir haciendo un largo recuento de las normas que eran notoriamente discriminatorias y que fueron revisadas hasta 1975 en el marco del año internacional de la mujer. La igualdad rasa plasmada en el artículo 4º, generó, sin embargo, injusticias derivadas de las desigualdades presentes en la realidad mexicana de entonces, por lo que de nuevo vinieron ajustes normativos”, agregó.
Sin embargo, esas reformas resultaron insuficientes para abordar otras diferencias y profundas desigualdades que antes eran invisibles como las de las mujeres indígenas, las trabajadoras del hogar, las migrantes o mujeres con alguna discapacidad.
En la actualidad, se ha ido suprimiendo el trato diferenciado para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Es claro, por ejemplo, que la violencia intrafamiliar en otra época se consideraba un asunto privado, hoy trasciende a la esfera pública. La violencia institucional no se había hecho visible y recientemente se han comenzado a adoptar medidas para sancionar incluso la violencia política.
De ahí que la responsabilidad jurisdiccional de las y los juzgadores federales sea en que a partir de la amplia normatividad expedida en las últimas dos décadas se haga la interpretación estricta y reforzada en los casos concretos, para garantizar el efectivo acceso a la justicia.
“En la Novena y Décima Épocas que marcan el quehacer judicial, se han emitido importantes tesis de donde se desprende que el juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es factible que existan factores que potencialicen su discriminación como lo pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas”.
Reiteró el llamado a la judicatura federal a seguir rompiendo paradigmas con sus sentencias, ya que es nuestra forma de contribuir para lograr mejores estándares en la justicia que reclama México, concluyó.
Por su parte, la consejera Rosa Elena González Tirado aseguró que la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente, y en nuestro país la suscripción de los instrumentos internacionales en la materia dan cuenta de la preocupación que se tiene por lograr de manera efectiva la igualdad de género, en donde el PJF tiene un papel relevante.
Destacó que hacer efectivo y real el acceso de las mujeres a la justicia sin sesgos de género ni por defecto o por exceso, es un reto importante y un camino que las y los impartidores de justicia deben de recorrer unidos, porque el trabajo en la igualdad de género, además de responsabilidad compartida, es tarea que hay que nutrir y fortalecer de manera continua, permanente con propuestas y acciones para obtener resultados positivos.
“El Poder Judicial de la Federación así lo ha asumido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del PJF, han sumado sus esfuerzos para llevar a cabo una política dirigida al fortalecimiento de la igualdad al interior de cada una de estas instituciones y a la impartición de una justicia de excelencia, en donde la perspectiva de género se aplique en su justa dimensión, plenamente conscientes de que tanto las instituciones como la justicia que imparten están hechas por y para seres humanos, que son el eje, el motor y el destino de todos estos esfuerzos”, subrayó.
A su vez, Leticia Bonifaz Alfonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, estableció que los trabajos que se realizan en este congreso incidirán en el mejoramiento de las prácticas jurisdiccionales y en eficientar la impartición de justicia federal.
Indicó que la importancia del trabajo que se hace en estos congresos es para mejorar las buenas prácticas, pero también para que se sepa que el trabajo de los juzgadores federales es el que ayuda a conocer lo que sucede al interior del PJF.
