Durante la firma del convenio de colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se manifestó por generar las leyes que fortalezcan el avance democrático de nuestro país, y lograr las reformas que lo perfeccionen asumiendo que “las competencias electorales para el acceso al poder público deben ser insustituibles”.
Es decir, indicó, “que todo perfeccionamiento de nuestra democracia debe darse por vías institucionales, por medio de cambios, de reformas que corran por la vía institucional, no por otras vías, por decirlo llana y claramente violentas o como se llegó a pensar en algún momento determinado: A través de revoluciones”.
“Hoy no hay espacio para eso, y quienes estamos en estas altísimas responsabilidades debemos preocuparnos y ocuparnos de avanzar en la perspectiva de perfeccionar nuestro sistema democrático”, enfatizó.
Zambrano Grijalva se dijo convencido de que el conjunto de cambios y modificaciones realizados desde 1988 han dado avances importantes en algunas partes; pero en otras ha ido dejando huecos, incluso, para el ejercicio de la justicia electoral; de ahí la importancia de seguir trabajando particularmente en temas como la exagerada spotización, los financiamientos públicos y la no politización de la justicia, entre otros.
Argumentó que el ámbito electoral es el que más cambios ha sufrido en las últimas dos décadas, pues tiene que ver con las reglas de acceso al poder en un sistema que empezó a tener un proceso de transición a la democracia.
Durante este acto al que se dieron cita los magistrados del Tribunal Electoral de Hidalgo, Jesús Raciel García Ramírez y Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como el magistrado del Tribunal Electoral de Chiapas, Armando Aroshi Narváez Tovar y el director general del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, Oswald Lara; el diputado Zambrano confió en que este acuerdo permita al Legislativo contar con más herramientas en materia de justicia electoral.
Hizo también votos por que estas experiencias “encuentren una pista de aterrizaje, que ayude a identificar maneras para afinar las reglas e ir cubriendo los huecos existentes, así como subsanar deficiencias e imperfecciones que tiene hoy la ley en sus distintos aspectos.
“Abramos paso y espacio a tiempo para debates y exposiciones programáticas de las plataformas electorales, los compromisos de gobierno, de los partidos políticos o de los candidatos que buscan ganar una elección a través de reglas democráticas”.
Otro tema es el del financiamiento público, “si es mucho o poco -como algunos plantean- elevar porcentaje permitido de participación de dineros privados en las campañas electorales como sucede en otros países o radicalmente avanzar en lo que legislaciones como la francesa establecen, de nada de participación de dineros privados en las campañas”, concretó.
Oswald Lara Borge, director general del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, expresó que este convenio con la Cámara de Diputados busca una revisión del marco jurídico en materia político-electoral, toda vez que el legado de las elecciones de 2015 y 2016 presenta condiciones inmejorables para revisar la legislación de la democracia electoral.
Precisó que a lo largo de 20 años, se ha realizado un sinnúmero de modificaciones a su marco jurídico para que responda de manera eficiente al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en el ejercicio político-electoral, pero también se determinaron los derechos de los partidos políticos y la distribución clara de competencias entre autoridades electorales de las entidades y desde el espacio federal, así como de los órganos electorales.
La experiencia de las elecciones de 2015 y 2016, afirmó, abren este debate, en el que se deberán tocar las reglas de la democracia mexicana, es decir, “hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien y mal, y qué se necesita regular”.
El marco jurídico, dijo, requiere de una actualización, pues se tiene una legislación en materia procesal que no está adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias y que esté acorde con la tecnología y con las necesidades de la competencia político-electoral.
Lara Borge mencionó que entre las asignaturas pendientes e importantes de la democracia se encuentran: determinar las reglas de la paridad de género; dotar a los tribunales electorales de autonomía económica; regular el artículo 134 constitucional, en su vertiente de la promoción o publicidad gubernamental, así como definir un régimen de responsabilidad entre los a servidores públicos que participan en materia electoral,
Sobre el régimen de sanciones, añadió, es indispensable darle vigencia a los tiempos actuales; de igual modo, revisar los temas de competencia política, pues “hay muchas reglas electorales que, en ocasiones, son letra muerta y requieren de un estudio para agilizar la contención democrática”.
Expresó, finalmente, el compromiso de la institución por colaborar con la Cámara de Diputados en foros, mesas de debates, investigaciones, artículos y libros, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.
“Tenemos que darle al país una ruta cierta y firme. Las sedes judiciales deben respetar el marco jurídico y dejar de lado la politización de la justicia; no podemos tratar de abarcar el tema electoral sin pasar por los contenidos espinosos”, concluyó.
