Dichos elementos, dijo, servirán para lograr una redistribución más justa de los bienes y los servicios y lograr una condición igualitaria que sirva para cumplir con el precepto de justicia social.
Durante su participar en el Parlamento Metropolitano del Valle de México, que se desarrolla en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la activista reconoció que el avance en el grado de urbanización de la ciudad ha dejado en desventaja a los habitantes de las zonas indígenas que todavía subsisten, en donde la desigualdad históricamente sigue afectando en mayor grado a las mujeres, lo que imposibilita su desarrollo y su acceso a los avances económicos de las metrópolis.
Al presentar la ponencia “derechos humanos e igualdad sustantiva en la nueva Constitución de la Ciudad de México”, consideró que en la Carta Magna local no puede haber retrocesos en cuanto a los derechos reconocidos a favor de las mujeres tanto a nivel nacional como a nivel internacional a través de diferentes convenciones, sino por el contrario debe retomar el concepto de derechos humanos como elemento base para el desarrollo de cualquier política de Estado que marca la reforma en la materia vigente en nuestro país a partir de 2011.
De esta manera, llamó a aplicar acciones afirmativas encaminadas al desarrollo pleno de las mujeres, a reconocer sus vulnerabilidades para protegerlas de los embates de las posiciones sexistas y machistas existentes y a garantizar la laicidad del Estado para que grupos religiosos no impongan posturas morales que pongan en riesgo los derechos ganados, como el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Tras recordar que por primera vez en la historia de México la voz y las ideas de las mujeres serán tomadas en cuenta para elaborar una constitución, en este caso la de la Ciudad de México, llamó a las constituyentes a pasar de la arenga a exigir a los gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la redacción del texto constitucional deberá garantizar que se fortalezcan las capacidades de las personas y se reconozcan sus aportes en todas las ramas económicas y del pensamiento científico.
Castellanos dijo que defender en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la diferencia y reconocer conceptos como la dignidad de los pueblos indígenas se convertirá en referente para varias de las discusiones que se puedan dar en un futuro a nivel estatal y nacional, lo cual, dijo, no es un cambio menor, pues significa reconocer el principio de progresividad, donde órganos de gobierno deben garantizar la plena efectividad de su cumplimiento a través del principios pro persona.
“Las democracias actuales presentan avances pero aún hay retos pendientes por cumplir, como garantizar una mayor presencia de mujeres indígenas en cargos públicos y de representación social y sobre todo en la toma de decisiones políticas”, dijo.
Por su parte, Clara Jusidman, presidenta de Incide Social A.C, e integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, afirmó que los derechos humanos y la igualdad política de las y los capitalinos deben quedar plasmados en la Carta Magna local de manera transversal, entre ellos el acceso a la alimentación, a la vivienda, al acceso al agua, al saneamiento y al desarrollo sostenible, así como a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Agregó que es fundamental incluir nuevos derechos vinculados a la vida en las ciudades, entre ellos el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, a la ciencia y la tecnología, así como otros relacionados con el cuidado del medio ambiente, a fin de construir una ciudad solidaria que garantice una vida digna a las futuras generaciones.
Clara Jusidman destacó asimismo la importancia de establecer leyes que protejan a los animales, ya que una de las peticiones más sentidas de la población es el trato digno para los que se deben considerar seres vivos no humanos.
De igual forma se refirió al reconocimiento del derecho de las personas al trabajo, ya que un alto porcentaje de la economía de la Ciudad de México se realiza desde la informalidad y un importante segmento de la población desarrolla actividades productivas de forma no asalariada.
Finalmente, Jusidman mencionó que sin duda el nuevo documento debe contemplar el buen desempeño de la administración pública y transparentar las acciones de los gobernantes a través de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de fiscalización.
