“Duermen el sueño de los justos desde la LIX Legislatura, es decir, desde hace 15 años. Ya es digno de sospechar que el PRI no quiere atender estos asuntos políticos; y digo el PRI, porque esta subcomisión tiene dos presidencias y ambas las ocupa el Revolucionario Institucional: el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén·, expresó.
El también secretario de la Subcomisión de Examen Previo mencionó que entre las solicitudes de juicio, que asegura han estado resguardadas en las oficinas de la Secretaría General, figuran funcionarios de todos los partidos, por ejemplo: Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador, Patricio José Patrón, Mario Marín, Felipe Calderón, Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Encinas, Javier Lozano, Gabino Cué, Luis Videgaray, Emilio González Márquez, Andrés Granier, Emilio Álvarez Icasa, Marcelo Ebrard, Pablo Salazar Mendiguchía, Agustín Carstens y Juan Francisco Molinar Horcasitas, entre otros.
Recordó que desde el Sol Azteca siempre se le ha dado celeridad a las solicitudes que han llegado a la Cámara, incluso con personajes que en algún momento pertenecieron o pertenecen al partido. “Sospechamos que el PRI sí quiere encubrir a algunos, porque son la mayoría en esta Cámara, y por eso tienen una obligación mayor al respecto”.
Hernández Soriano manifestó que se debe dar cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades, que estipula plazos de entre seis meses y un año para atender estas denuncias. “Hay una opinión de algunos legisladores del PRI de que prescriben, porque la ley federal dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados solamente en el año posterior a que dejen el cargo. Lo que no prescribe es el derecho de la ciudadanía a saber la verdad jurídica”, manifestó y aseguró que su intención es incentivar a que los legisladores cumplan con su obligación legal.
Asimismo adelantó que en el periodo ordinario que está próximo a comenzar presentará una reforma para simplificar el “proceso de acceso a la justicia de los ciudadanos, que es muy engorroso y que se convierte en una arma del sistema para purgarse él mismo y es usado como arma de vendetta contra los opositores”.
