“Lo que quiere nuestro pueblo es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”.
Lo anterior, en el marco de la firma de sendos convenios de colaboración institucional entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar), durante el cual se refrendó como causa común el compromiso de combatir el flagelo de la criminalidad para que desaparezca, a la par de que se respeten plenamente los derechos de todos.
Inhibir de la ecuación alguna de estas obligaciones se traduce en un desequilibrio inaceptable que equivale a la ausencia de justicia: pues la fuerza sin ley que la respalde es mera violencia, pero también la ley sin fuerza que la haga valer es letra muerta, advirtió el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF.
Es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia, el escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria, agregó.
El presidente del CJF explicó que este convenio constituye la primera gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio pasado entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda el nuevo paradigma constitucional.
Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.
Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente, la ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes, hace que todo el sistema se debilite.
Dijo que si un juzgador pone en libertad a un acusado como consecuencia de violaciones a sus derechos fundamentales o al debido proceso, desgraciadamente genera en la percepción pública el descrédito de todas las instituciones de justicia, de todo el sistema, “pero no es opción convalidar actuaciones contrarias a la Constitución y violatorias de derechos fundamentales”.
Abundó que los juzgadores no pueden pasar por alto actuaciones indebidas de la autoridad que se traduzcan en el menoscabo de los derechos humanos, ya que la razón de ser de la judicatura federal es la protección de esos derechos y no hay cabida a regresiones, su plena vigencia está en la médula misma del Estado de Derecho y trasciende el margen de decisión de cualquier autoridad, incluyendo los propios juzgadores.
“De muy poco serviría que los tribunales de la Federación construyan criterios interpretativos que fijen los estándares constitucionales conforme a los cuales ha de regirse el desempeño de los agentes de autoridad, si por regla general los casos juzgados no tienen el alcance de prevenir la reiteración de las transgresiones, lo que trae consigo una percepción de impunidad por parte de la sociedad y deslegitima a las instituciones de procuración e impartición de justicia”, resaltó.
Subrayó que la función de los criterios jurisprudenciales es la de contribuir a que las labores de seguridad se nutran y orienten por una comprensión cada vez más precisa del orden constitucional que posibilita la debida interacción entre gobernantes y gobernados.
La eficacia de los agentes de seguridad no está conformada por los resultados que se obtengan únicamente con el uso de la fuerza del Estado, sino que debe estar enmarcada en la aplicación de la ley y el respeto de los derechos, de tal forma que la fuerza pública se despliegue conforme a los márgenes constitucionalmente definidos para ello.
Para los juzgadores federales es una condición innegociable la armonización que se debe dar del uso de la fuerza y el pleno respeto a la legalidad.
Es totalmente grave e indeseable que los jueces, al velar por el respeto de la Constitución, sean percibidos por la sociedad como generadores de la impunidad y, en esa medida, como tributarios de la perpetuación de la delincuencia. En ese estado de cosas el saldo es invariablemente negativo para todos.
El ministro presidente dio a conocer que la privación de la libertad de las personas, sólo puede estar precedida de una intachable actuación de la autoridad competente, tanto en las labores de investigación como en aquellas vinculadas con la detención en flagrancia, circunstancia que es a la fecha el origen de la mayoría de las causas judiciales, en las que la regularidad y corrección de tales actuaciones, son motivo de análisis de nuestros jueces.
Atentos a esta necesidad de apretar el paso y conscientes de la relevancia y el papel proactivo que debe tener la jurisprudencia, los titulares de la Sedena y la Semar, buscan ser actores esenciales del Estado de derecho.
El convenio de colaboración implica que magistrados y jueces federales, así como secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN difundirán entre los mandos y los efectivos de ambas secretarías, los criterios judiciales vinculados con el correcto despliegue constitucional de las labores de seguridad, a modo de insumo para la eficacia jurídica de las tareas operativas que realizan.
El evento tuvo lugar en la sede del Instituto de la Judicatura Federal.
