El objetivo del dictamen es establecer mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.
Destaca que hasta junio de 2016, sólo los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con fiscalías especializadas.
Por ello, es importante garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y supervisar que los recursos públicos de los programas federales no sean utilizados con fines políticos.
La FEPADE, es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas en toda la república, que investiguen y persigan este tipo de delitos.
El documento manifiesta que se debe tener presente que el combate a la impunidad y la corrupción es una tarea que compete a todas y a todos, por lo cual es necesario velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia ejerza con prudencia, serenidad y energía sus facultades.
Sí queremos dar pasos firmes para robustecer nuestras instituciones democráticas y nuestro Estado de derecho, todas las autoridades deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les corresponden, a fin de crear una atmosfera de seguridad jurídica, puntualiza.
