Recientemente el Congreso Local creó dos fideicomisos que se encargarán de pagar adeudos con acreedores y contratistas del gobierno estatal con los recursos recaudados por el aumento al 3% a la nómina. Por eso, se inconfoimó el sector pirvado.
El diputado por Veracruz, Leonardo Amador Rodríguez, manifestó su respaldo al sector empresarial de la Zona Norte, quienes se declararon en protesta para dejar aportar al Fideicomiso.
Inicialmente, explicó, se había planteado que el destino de los recursos por el aumento a la nómina sería para la realización de obra pública en la entidad, sin embargo, dijo, es inaceptable que se malversen esos recursos para pago de deuda.
En tanto, el sector empresarial de la Zona Norte de Veracruz, declaró que dejarían de aportar cerca de 25 millones de pesos mensuales, dicha región contempla los municipios de Cazones, Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, entre otras localidades más, las cuales no liquidarán dicho gravamen.
Al respecto, el legislador veracruzano señaló que, en un entorno de grave crisis financiera, el gobierno federal y el de Javier Duarte de Ochoa pretenden encubrir el desfalco millonario en el que está inmerso la entidad, utilizando recursos que deberían destinarse a favorecer el desarrollo económico de los municipios.
Al momento, señaló, no hay documentos que demuestren que realmente existe la deuda, pues ni la Secretaría de Finanzas, ni la Contraloría, ni el Órgano de Fiscalización han entregado documentos probatorios, por lo que es aún mayor la incertidumbre sobre el destino de los recursos del fideicomiso, incluso, dijo, en la revisión de la cuenta pública 2013 y 2014, se detectó la inclusión de empresas fantasmas o de personas físicas y morales cercanas a algunos integrantes del gabinete de Javier Duarte.
Por ello, manifestó, es congruente y justa la demanda de los empresarios de la Zona Norte de Veracruz al decidir dejar de aportar al fideicomiso en tanto no se destine para obras y acciones que generen desarrollo para la región. Incluso, recordó, la SEFIPLAN aún adeuda a alcaldes de varios municipios, la entrega de más de 300 millones de pesos para obras de infraestructura y programas de beneficio social, por lo que la prioridad debe ser el beneficio de la ciudadanía y no encubrir al gobernador.
