”Lo que observamos es una actitud pasmosa de las autoridades ante la intransigencia y beligerancia de la Coordinadora Nacional der Trabajadores de la Educación, y una sobrerreacción e insensibilidad, por ejemplo, en contra de organizaciones del sector privado que reclamaron al Gobierno actuar ante la violación de derechos colectivos de empresarios y ciudadanos”, indicó.
El senador por Aguascalientes señaló que el presidente Enrique Peña Nieto muestra más interés en sacar de la cárcel a dirigentes de la CNTE, ofrecer una eventual reposición de privilegios, pagarles salarios no devengados y ver cómo reacomoda la reforma educativa al gusto de la disidencia magisterial, que en regresar la tranquilidad y seguridad públicas, dar garantías a la actividad económica e industrial y evitar que niñas, niños y adolescentes vuelvan a perder clases.
“En días recientes vimos cómo organizaciones del sector privado pidieron el amparo de la justicia por actos y omisiones de las autoridades federal, estatales y municipales, ante las acciones que por más de 80 días ha mantenido la CNTE en ocho estados, además de anunciar que esto pondría en duda la presentación en forma de declaraciones de impuestos”, comentó.
La respuesta de la autoridad fue que no se podía “combatir la ilegalidad con la ilegalidad”, observó el legislador, pero apuntó que esta regla no la aplica a los maestros disidentes, quienes en la noche se reúnen con funcionarios federales y dialogan, pero en el día bloquean carreteras y vías férreas, cierran centros comerciales y bancos, destruyen y saquean oficinas públicas, obstruyen el tránsito en capitales estatales y en la Ciudad de México, y amenazan con más movilizaciones y protestas, así como impedir el inicio del próximo ciclo escolar.
“En reiteradas ocasiones, en Acción Nacional nos hemos manifestado a favor del diálogo y el respeto a los derechos humanos, pero el Gobierno federal no da respuesta a los reclamos de la sociedad; está faltando a su obligación fundamental de hacer valer la ley e imponer el Estado de derecho, frente a los chantajes de una minoría”, afirmó.
Herrera Ávila dijo ver en el Gobierno una actitud de reproche y una ofensiva política en contra de empresarios y ciudadanos que hacen un reclamo justo para el cese de la violencia de la CNTE, cuyas consecuencias se prevén negativas para la economía, el bienestar social y la educación, en el corto plazo.
