En 28 días, el 1 de septiembre próximo, el presidente Enrique Peña Nieto rendirá su 4to Informe y entrará formalmente en la última etapa de su Gobierno.
Las fuerzas políticas, institucionales y marginales, arreciarán su ya abierta campaña tanto por la Presidencia como por los cientos de cargos que representan la renovación del Congreso -128 senadores y 500 diputados-, más la gubernatura de la Ciudad de México, las 16 delegaciones, el Congreso capitalino y una decena de gubernaturas y alcaldías y diputaciones locales.
La convergencia de una gran disputa electoral como nunca antes se haya visto en México, es sin duda el origen de muchos de los movimientos sociales que ya comienzan a cobrar fuerza desde hoy mismo en el país.
En el centro de todo eso está hoy mismo el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Una administración a la que ya le comenzaron a estallar los conflictos que sin duda tensarán los límites del juego constitucional de la renovación de poderes.
Con ya casi 80 días de acciones sin freno en contra de las poblaciones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, el nuevo movimiento de la CNTE ha confrontado como nunca antes a grandes sectores sociales y de la producción en esos y otros estados.
Es por ello que empresarios y comerciantes junto con organizaciones de la sociedad civil, acompañadas por Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, Canirac, Coparmex y Concanaco, iniciarán el próximo lunes en Oaxaca un paro indefinido de labores y la suspensión del pago de impuestos federales y locales, así como de cuotas al IMSS e Infonavit.
Profesionistas, gasolineros, comerciantes, empresarios, hoteleros, restauranteros, artesanos, trabajadores, productores, manufactureros, prestadores de servicios turísticos, transportistas y ciudadanos indican que no levantarán su paro hasta que el Gobierno (federal y estatal) termine con las violaciones al libre tránsito y a la seguridad a que los ha sometido la CNTE.
Todos ellos exigen que la CNDH actúe ya ante la demanda interpuesta por Coparmex y otras organizaciones ante la omisión del Gobierno en respeto a sus garantías constitucionales.
“Mantendremos las puertas cerradas de nuestras empresas hasta que el gobierno federal y el estatal nos garanticen el libre tránsito y se reanuden las condiciones de seguridad y tranquilidad en Oaxaca”, indicó Esther Merino, dirigente de la Alianza Empresarial de Oaxaca.
Extraoficialmente se sabe que algunos empresarios comienzan a considerar la posibilidad de organizar grupos de “defensa” integrados por jóvenes, a quienes darían capacitación en defensa personal y artes marciales para que, dotados de palos, puedan enfrentar y someter a los maestros de la CNTE y sus aliados.
Aducen que esta opción ha quedado abierta ante la falta de respuesta de las autoridades federales a sus denuncias y reclamos.
“Estos vándalos no sólo mantienen un plantón en el centro histórico de la capital de Oaxaca, sino que sus brigadas recorren las calles y barrios imponiendo la violencia y el miedo, y asaltando impunemente los negocios que se les antojen…
“Y asaltan y saquean camiones de carga y pasajeros, robándose la mercancía y cobrando cuotas y derechos de piso a comerciantes y ciudadanos… todo lo hacen sin que nadie los frene ni castigue…
“Encima de todo cierran carreteras y cercan el aeropuerto, y provocan la huida de turistas y ciudadanos… ¡YA ESTAMOS HARTOS!”, advierten empresarios como Enrique Sada.
Luis Enrique Guzmán, de la Unión de Empresarios Independientes de Oaxaca afirmó que, en los casi 780 días del movimiento, la CNTE ya ha provocado pérdidas económicas sobre los 4 mil millones de pesos en este estado.
Sin embargo, la suma de todos los organismos empresariales advierte que las pérdidas provocadas por la CNTE durante estos casi 3 meses de movimiento en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México superan ya los 10 mil millones de pesos.
Con las cosas así, la dinámica de este conflicto amenaza ya en convertirse en una confrontación entre sectores sociales. De continuar sin freno las acciones de la CNTE las diversas organizaciones de la IP y el sector social oaxaqueño podría ir directo a una confrontación directa.
Si todo ello se suma a la advertencia hecha apenas hace unos días por la American Chamber sobre la fuga de empresas hacia Estados Unidos y Canadá y la transferencia de otras a otras entidades, entonces estamos además ante la movilización de capitales y una pérdida de confianza de inversionistas.
SE SUMAN LOS CAMPESINOS
Por si lo anterior no fuese ya delicado, ahora varias organizaciones y centrales campesinas anuncian un movimiento que amenaza con desbordar a la Ciudad de México y acorralar con consecuencias impensables al Gobierno de Peña Nieto.
Y es que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, ha decidido comenzar a movilizar hacia la ciudad de México el lunes 8 de este agosto a -afirman- unos 130 mil campesinos para exigir “una política de fomento productivo y desarrollo económico, así como una política para el desarrollo rural sustentable”.
¿Por qué ocurre tal cosa en este momento?
Bueno, al parecer no hay otra razón que la que apuntamos al inicio de este texto: este movimiento sólo se entiende dentro de un juego de presiones y tensiones en el marco del 4to Informe de Gobierno de Peña Nieto y en el contexto del proceso electoral adelantado por la Presidencia de la República.
Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA advierte:
“Vamos a paralizar el país… a ver si así entienden que hay un hartazgo social por la incapacidad, ineptitud y corrupción en el Gobierno… ¡estamos hartos!”.
Y dentro de sus intenciones está no sólo terminar de desquiciar a la capital del país, sino de sumar sus campesinos al movimiento de la CNTE.
Para realizar este embate a la capital del país y presionar al Gobierno de Peña Nieto, López Ríos se ha aliado a otros 3 dirigentes campesino -entre quienes está Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la CIOAC y Francisco Chew Plascencia de la FIOAC-, con quienes ha formado el llamado Frente Auténtico del Campo.
De acuerdo a una crónica de nuestro compañero Moisés Sánchez Limón, el dirigente campesino dice que esta movilización es una respuesta al cansancio por la falta de respuesta a reclamos por carencias y el incumplimiento de compromisos del régimen con el campo.
Los campesinos, dice, se han cansado de ver cómo gran parte de la tajada del presupuesto federal hacia el medio rural se lo llevan empresarios supuestamente favorecidos por el régimen como Jesús Vizcarra, dueño de Sukarne o el exgobernador de Sonora, el empresario Eduardo Bours Castelo, dueño de Bachoco.
El reto está planteado y el lunes próximo, mientras empresarios y sectores sociales paralizan a Oaxaca en su reclamo al gobierno contra la CNTE, en la Ciudad de México se comenzará a vivir una movilización campesina que no tiene precedentes.
Todo dentro de un esquema que parece destinado a calentar el ambiente previo al 4to Informe de Gobierno de Peña Nieto.
ALCALDES PIDEN SER ESCUCHADOS
Isidro López Villarreal, alcalde de Saltillo y dirigente de la Conferencia Nacional de Municipios de México pidió ayer una reunión urgente con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de establecer un protocolo de seguridad para los presidentes municipales del país.
La urgencia del encuentro la determina dijo, la ejecución casi en seri de varios alcaldes en varios estados del país durante las últimas semanas.
Se debe pasar de la reflexión a una respuesta conjunta, entre alcaldes y el Gobierno Federal, dijo.
Los Gobernantes locales de México, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en la construcción de instituciones fuertes y de gobiernos eficaces; pero requerimos de las garantías mínimas, incluyendo las de seguridad, para un buen desempeño de nuestras funciones y atribuciones, agregó.
