El secretario de dicho órgano legislativo explicó que hay “omisión e inacción en la Subcomisión de Examen Previo” que no puede sesionar si los presidentes de la Comisión de Gobernación, la diputada Mercedes Guillén Vicente -del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- y de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, también del tricolor, no convocan a reunión y recordó que diputados de diversos grupos parlamentarios han solicitado, en varias ocasiones, que avancen los trabajos.
Hernández Soriano denunció que el PRI y sus aliados en San Lázaro, “pretenden que, al prescribir el plazo de un año de inacción en la función pública del personaje acusado, este quede fuera del alcance de la ley”.
“Tenemos que hacer que la subcomisión responda, por mandato de la Suprema Corte de Justicia, a la pregunta por qué no sesiona para estudiar y darle seguimiento a las peticiones de más de 300 ciudadanos para enjuiciar políticamente a diversos funcionarios y exfuncionarios”, subrayó el perredista.
Con la denuncia, también se pretende que la SCJN resuelva si está vigente o no, el derecho de los ciudadanos a que se revise de fondo cualquiera de los juicios, hayan sido presentados este año o desde 2003, fecha desde la que la Cámara de Diputados tiene registro de los cientos de solicitudes de juicios.
El secretario de la Comisión de Gobernación explicó que, ante la omisión de la Cámara de Diputados, pasando un año de las acusaciones, gobernadores como Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo y exgobernadores como Humberto Moreira, de Coahuila (todos del PRI), quienes han sido acusados como responsables de causar daño al erario público, podrán pasear por todo el país, libres de cualquier señalamiento.
“Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas está hecha para proteger a malos funcionarios porque dice que si la Cámara de Diputados no hace alguna imputación administrativa o penal, los delitos prescriben; pueden andar ‘como Juan por su casa’, independientemente de si cometieron o no algún delito”, precisó.
En la interpretación de Hernández Soriano, “la acción de la justicia comienza a partir de la solicitud del ciudadano”, pues subrayó que la Suprema Corte y las leyes en general, deben proteger a los ciudadanos ante el abuso del poder, por lo que es necesario modificar la legislación al respecto o en su caso, esperar la interpretación que el máximo órgano de justicia haga de la denuncia que presentará.
“Recientemente, un ciudadano pidió a la Corte que interviniera por la inacción de la Cámara de Diputados y esta pidió al Congreso que le diga si está o no haciendo lo que la ley le mandata. La solicitud del ciudadano obligó a que el PRI instalara la subcomisión hace algunos meses, pero no ha sesionado”, detalló el diputado por la Ciudad de México y subrayó que los legisladores priistas deben explicar a la opinión pública por qué consideran irrelevante el trabajo de la subcomisión y agregó que “están utilizando su mayoría legislativa como un muro de impunidad”.
Entre los cientos de solicitudes de juicio político pendientes, se encuentran varias en contra de expresidentes de la República, secretarios de Estado, ministros de la SCJN, legisladores federales y locales e incluso, contra funcionarios municipales.
