En este sentido, planteó la posibilidad de integrar a las distintas organizaciones de municipios, en las acciones que se toman desde la CONAGO (a través de la Comisión Técnica de Seguridad y Justicia), para encontrar esquemas que coadyuven a fortalecer a los más de 2 mil 400 municipios que conforman al país.
Este es el orden de gobierno que tiene el primer contacto con la ciudadanía, es el más lastimado, además de que ya se considera “de alto riesgo” ser presidente municipal en México, indicó.
Zambrano hizo notar que ante un número estimado de 84 autoridades locales asesinadas en la última década, la Asociación Nacional de Alcaldes -por ejemplo- anunció su intención de buscar más presupuesto en seguridad hacia el 2017 y que la Secretaría de la Defensa Nacional auxilie a sus policías con armamento nuevo.
En tanto, la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C., habla de un aumento de ingobernabilidad en varios estados de la República, por lo que ha urgido en establecer y acordar una agenda de seguridad y recursos equiparables a los que tienen funcionarios federales o estatales, que se atienda su propuesta de diseñar una estrategia fortalecida con fondos y programas de capacitación y adiestramiento a los cuerpos de seguridad locales y se realice un combate real a los grupos delictivos que tienen secuestrados a los municipios.
Particularmente, Zambrano Grijalva planteó que se debe trabajar en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG, subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad, pues aseveró que “llegan los recursos a los estados, los toman directamente los gobernadores, y no los aterrizan a los municipios. Se los quedan”.
“Si ya de por sí es débil el eslabón municipal en materia de seguridad, los estamos debilitando todavía más exponiéndolos a la acción de la delincuencia cuando estos recursos no les llegan. El gobierno de la República debiera revisar qué está pasando con eso”, recalcó.
“Lo preocupante –dijo- es que los asesinatos recientes contra alcaldes se dan en un escenario en el que algunos de los hilos de gobernabilidad parecen estar en entredicho, estarse rompiendo en el contexto de lo que han significado las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los reclamos del sector empresarial y la molestia creciente de distintos sectores de la sociedad que se han visto afectados por el conflicto”.
“Cierto que no nos encontramos ante un Estado fallido, pero sí ante el riesgo de que se pierdan los hilos de gobernabilidad y empiece a generarse la percepción de que es el momento en que todo mundo puede hacer lo que le venga en gana, al cabo que no hay autoridad que se lo impida y le ponga un alto”, enfatizó.
Debemos mantener la vigencia del Estado de Derecho en el que la gobernabilidad es esencial, y que ésta debe ser democrática, institucional, con diálogo para resolver los conflictos por la vía pacífica y, excepcionalmente, cuando así se requiera, con el uso de la fuerza punitiva y legítima del Estado.
“Al percibirse que hay una autoridad nacional débil o, por lo menos, con la insuficiente capacidad para resolver estos conflictos, parece estarse empezando a apreciar una ausencia de gobierno, sin capacidad para atender los problemas nacionales, y se sienten con la libertad de actuar sobre las autoridades municipales, tal como se vio en los casos recientes de San Juan Chamula, por problemas políticos entre el PRI y el PVEM, y el del alcalde de Pungarabato, por bandas del crimen organizado”, dijo.
Por ello, es igualmente importante que los reclamos de un sector del magisterio agrupados, en la CNTE, se canalicen institucionalmente, y que todo mundo contribuya a eso, la solución institucional del conflicto, sin daños a terceros ni provocar el uso de la fuerza. Si no, este país se nos puede empezar a desmoronar; cuidado con eso, advirtió.
