La Agenda de Desarrollo Post 2015, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se inscriben los ODS, tiene el propósito de focalizar los esfuerzos nacionales e internacionales para alcanzar un desarrollo integral en los próximos 15 años.
El proyecto es dar continuidad a los esfuerzos iniciados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y ampliar la agenda en temas como: justicia, el Estado de derecho, la desigualdad y la resiliencia urbana, detalla el artículo elaborado por los investigadores Roberto Castellanos Cereceda, Susana Ramírez Hernández y Ernesto David Orozco Rivera del Instituto Belisario Domínguez.
La nueva Agenda busca consolidar los logros alcanzados en los ODM, subsanar las insuficiencias detectadas y asimilar las lecciones aprendidas entre 2000 y 2015; por lo que será un referente clave para el Congreso mexicano, tanto para la LXIII Legislatura, que podrá contribuir a sentar las bases de inicio para la implementación de los ODS, como para las subsecuentes legislaturas.
El Senado, en particular, tendrá un papel fundamental, al promover normatividad específica, impulsar mecanismos de coordinación e instrumentos de seguimiento para garantizar condiciones de desarrollo en materias como salud, educación, justicia, medio ambiente, anticorrupción, equidad de género, energías renovables, seguridad, y cooperación internacional, señala la investigación.
Detalla que para la Cámara de Senadores, los ODS son especialmente relevantes no sólo por la facultad exclusiva que tiene de analizar la política exterior, sino también porque es de esperar que los Objetivos sean un referente para crear políticas de desarrollo en México.
Además, en el Congreso de la Unión se deberán promover iniciativas de ley tendientes a garantizar condiciones de desarrollo y cooperación internacional, entre otros temas incluidos en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la inclusión de los elementos de justicia y prosperidad en los ODS y sus 169 metas.
El IBD refiere que a partir del 1 de diciembre de 2018, el Senado de la República y la Cámara de Diputados tendrán nuevas facultades constitucionales exclusivas, que incidirán directamente en el seguimiento de los ODS, en virtud de la reforma constitucional de 2014 en materia política-electoral.
También señala que aunque el Poder Ejecutivo es responsable de implementar las políticas públicas nacionales para lograr los Objetivos, las funciones de legislación, supervisión, control presupuestario y representación del Poder Legislativo son vitales para que éstos se materialicen.
A los legisladores les corresponderá crear un entorno político e institucional favorable para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, advierte el Instituto Belisario Domínguez en su investigación.
Además, el Congreso deberá asegurar que el presupuesto público sea congruente con las prioridades de desarrollo nacional y la implementación de los ODS; ya que el cumplimiento de éstos últimos puede ser una oportunidad para que la percepción negativa que se tiene de los legisladores se modifique en el mediano y largo plazos, señala el IBD.
El Instituto Belisario Domínguez propone que, en el caso de México, se priorice y dé seguimiento a los ODS de acuerdo al contexto y necesidades del país; es decir, retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que tuvieron mayores problemas de cumplimiento y dar seguimiento a su equivalente en los ODS.
Así como considerar las principales problemáticas del país que empatan con los ODS; fortalecer las capacidades institucionales de generación y disponibilidad de fuentes de información y mediciones de seguimiento y logro de objetivos y metas; y aplicar un enfoque de derechos humanos.
La investigación titulada “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos para su implementación”, puede consultarse en la dirección electrónica.
