En el marco del encuentro “Frontera, trabajo y niñez”, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Costa Rica, donde se dio a conocer que el trabajo infantil afecta a 2 millones de niñas y niños en nuestro país, añadió:
“La ley considerará sanciones más severas a los centros laborales donde se encuentren niñas, niños o adolescentes trabajando antes de la edad mínima prevista en la Constitución Política de nuestro país, específicamente en el artículo 123.
“Además, se creará la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del DIF-DF, que dentro de otras funciones tendrá que denunciar ante la autoridad ministerial aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes y solicitar la imposición de medidas precautorias, cautelares, de seguridad y de protección, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes. Estas medidas se deberán decretar a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente”.
Precisó, que las políticas públicas por las que se está trabajando desde la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la Asamblea Legislativa conjuntamente con el DIF, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las Organizaciones de la Sociedad Civil y las secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes anteponiendo el interés superior y asegurando la asignación prioritaria de recursos para su optimo funcionamiento.
Por último, mencionó que se está elaborando un protocolo para que cualquier niño con signos de violencia, como en el caso Matatena, tenga una atención integral que va desde su salvaguarda, seguridad y tratamiento físico en las diferentes instancias de salud, pasando por el apoyo psicológico, hasta el seguimiento de su caso por el Ministerio Público y la resolución de un juez.