Lo anterior debido a que Tulum es una zona que en los últimos años ha enfrentado diversos procesos jurídicos en los que se han visto manifestados los intereses de inversionistas y grandes empresas privadas, conflictos que están relacionados principalmente a sus terrenos costeros los cuales han sido invadidos mediante juicios manipulados, documentos ilegales o falsificados.
En Tulum hay crisis de despojos por parte de transacciones de dudosa procedencia, ventas irregulares y grandes vacíos legales, queda de manifiesto que los empresarios han abusado de la buena o mala fe de los jueces ya que es evidente que han sido manipulados para no investigar a profundidad los orígenes de cada uno de los problemas existentes.
Lo anterior está en contra de lo establecido por el gobierno federal en 1974, en donde se determinó que el estado de Quintana Roo con 50,000 kilómetros sería una entidad libre y soberana.
Por ello el perredista de origen oaxaqueño solicita a la Comisión Permanente que intervenga ante el Gobierno del Estado de Quintana Roo para que éste proceda conforme a derecho en contra de los responsables de los desalojos dados en Tulum, un ejemplo es el que se dio en la zona turística Punta Piedras y para que se compruebe la legalidad de tales acciones.
Además, el diputado federal pide se dé seguimiento con transparencia a toda la documentación e información que se ha presentado por dicho asunto en particular y de ser necesario se proceda conforme a derecho como corresponde.
Finalmente, Felipe Reyes en el Punto de Acuerdo exhorta al gobierno estatal de Quintana Roo, a la Secretaría de Gobernación y al municipio de Tulum, para que en el ámbito de sus respectivas competencias actualicen el Plan de Desarrollo Urbano para proporcionar y garantizar seguridad a los ejidatarios e inversionistas de tal ayuntamiento.
