Jara Castro, ex funcionario delegacional, aseguró que presentó la denuncia porque intentaron obligarlo a triturar documentos oficiales y por encontrar a compañeros del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), destruyendo papeles con número de folio que se entregan a ciudadanos, una vez que presentan sus quejas y demandas de servicios en la demarcación.
El denunciante aseguró que renunció un día después de que su jefa inmediata le diera la orden de destruir documentos oficiales.
“En enero pasado, por instrucciones de Arne y directamente de la jefa delegacional –me dijo mi jefa inmediata- hay que destruir documentación que me iban a indicar de la administración pasada, pero me rehusé porque es un ilícito y presenté mi renuncia”, relató el denunciante.
Agregó que “fue hasta mayo cuando acudo a ver lo de mi finiquito y fui directamente con mi jefa, entro a la oficina de CESAC y noté que están destruyendo documentación oficial que previamente me habían solicitado triturar”, agregó Heriberto Jara, quien acopió fotos de su dicho, entre otras pruebas.
El denunciante agregó que presentó un testigo de sus acusaciones y que tiene tres más que aún trabajan en la delegación, por lo que no era posible proporcionar sus nombres, explicó.
Víctor Romo calificó de “deplorable e irresponsable el actuar de los mandos delegacionales Xóchitl Gálvez y del ex city manager, Arne aus den Ruthen, el ordenar destruir información oficial con fines políticos y de culpar de inacción a la anterior administración.
Se trata –dijo- de la destrucción de documentación con número de folio (órdenes de servicio) que sustentan peticiones de servicios solicitados por los ciudadanos, lo que es una falta grave, aseguró Romo, porque desaparecen las demandas impunemente.
Refirió que los responsables quebrantan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, capítulos I y II, que señala que deben “salvaguardar honradez, imparcialidad y eficiencia”.
La ley, explicó, obliga a los funcionarios a: “custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, encargo o comisión conserven bajo su cuidado, impidiendo y evitando el uso de sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida”.
El diputado perredista recordó que también el Código Penal del Distrito Federal contempla como delito el “ejercicio ilegal o abandono del servicio público cuando se comete la destrucción de documentación oficial”.
Destacó que “lamentablemente tenemos evidencia de que los altos mandos en la delegación Miguel Hidalgo ordenan la destrucción de documentos oficiales, expedientes en materia de obras, de servicios urbanos y solicitudes de quejas y de gestiones en CESAC”.
Esto se suma, acusó Romo, a que están generando cortinas de humo con otras apelaciones o denuncias.
Romo resaltó que es un delito grave la destrucción de documentación oficial que tiene como consecuencia la inhabilitación, pero ello tendrá que determinarlo la PGJDF y la Contraloría General del Distrito Federal, en cuyas manos se pusieron estas denuncias, porque es un asunto de corte penal por violar la Ley de Servidores Públicos.
Informó que el denunciante Heriberto Jara le fue presentado por el dirigente del comité directivo del PRD en Miguel Hidalgo, con la finalidad de respaldar su denuncia.
