En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora destacó la importancia de que las autoridades educativas federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México no cambien el uniforme en el próximo ciclo escolar 2016-2017 en las escuelas públicas de nivel básico.
Hacerlo así, aseguró, anularía el sentido social de los programas de entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos implementados en los últimos años en diferentes niveles de gobierno, como mecanismo para apoyar la economía de los padres al inicio de cada periodo lectivo.
La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables afirmó que es “inadmisible que cada inicio de ciclo escolar en las escuelas públicas se cobren cuotas obligatorias a los padres de familia”.
El artículo 6º de la Ley General de Educación establece que “las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo”; además, “está prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo y que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción y el acceso a la escuela”.
La ley es muy clara, pero la práctica se obstina en contravenirla, ya que en cada inicio de año escolar las autoridades educativas de muchos planteles exigen, reclaman y demandan a los padres de familia el pago de una cuota, lo cual es cuestionable porque contraviene el principio constitucional de gratuidad de la educación.
El continuo cambio de los uniformes escolares es un factor poco explorado, que también lesiona el derecho a una educación gratuita constituyendo un duro golpe para la economía familiar, al tener que solventar ese gasto.
Aseguró que en muchas escuelas del país esta decisión es una práctica habitual, porque existen acuerdos entre algunos docentes e inclusive con el consentimiento de mesas directivas de padres para cambiar total o parcialmente el uniforme.
La legisladora por Tlaxcala indicó que muchas veces estas decisiones no obedecen a criterios objetivos, sino a cuestiones meramente comerciales y de negocio entre proveedores y autoridades de las escuelas. Esto es inaceptable ya que los alumnos y los padres de familia son los más afectados, sobre todo porque desvirtúa las acciones que los diferentes niveles de gobierno impulsan para contribuir con la gratuidad de la educación.
