A través del binomio SEDATU-FONHAPO se han otorgado 2 mil 785 apoyos, de los cuales 697 han sido para viviendas nuevas y 2 mil 88 para ampliaciones y mejoramientos, con un impacto positivo sobre las condiciones de vida de casi 11 mil colimenses.
El director general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Ángel Islava Tamayo, dio a conocer estos datos luego de firmar dos convenios con el gobierno del estado, para promover el Programa de Apoyo a la Vivienda.
Con una inversión global de 78 millones 120 mil pesos se proyecta la construcción de vivienda digna, cuartos adicionales y la creación de empleos, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza Rosario Robles Berlanga y el FONHAPO y diversas instituciones estatales.
Ante la presencia y con el aval como testigo de honor del gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, el documento-compromiso fue firmado por el director general del FONHAPO y Alejandro Ortiz Cazares, director del Instituto de Urbanización y Vivienda del estado de Colima (INSUVI).
“Este convenio representa un compromiso que el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, asume con el pueblo y el gobierno de Colima para promover el Programa de Apoyo a la Vivienda, en beneficio directo de los mexicanos que viven por debajo de la línea de bienestar y que carecen de una vivienda digna”, precisó Islava Tamayo.
El Titular del FONHAPO subrayó la importancia que representa para esta Institución, en coordinación de SEDATU, “de dar continuidad, profundidad y certidumbre a la Política Nacional de Vivienda del Gobierno de la República, justo en la vertiente que combate no sólo el rezago, sino la carencia absoluta o relativa de vivienda que subyace a la pobreza patrimonial y a otros problemas que se asocian a la pobreza extrema”.
Puntualizó que bajo las nuevas orientaciones de la política sectorial, las casas y también los cuartos adicionales y mejoramientos de vivienda, “se han fortalecido como instrumentos reales y efectivos de combate a la pobreza patrimonial, al hacinamiento y en instrumentos de dignificación real de la vida de las familias, con énfasis en las mujeres, las niñas y los niños”.
Islava Tamayo precisó que en los tres años del Gobierno del Presidente Peña Nieto el FONHAPO ha logrado construir un riguroso modelo de política pública, con plena solidez y que en esencia marca un antes y un después en la Política Nacional de Vivienda popular, sobre todo para los beneficiarios de la misma.
Explicó que este nuevo modelo establece un notorio contraste con el pasado, de una manera clara y contundente de origen, ya que desde el primer año de su gestión, el Presidente Peña Nieto instruyó que toda vivienda nueva marcara, como diferencia sustancial con el pasado, fueran de 42 m2, con dos cuartos, sala comedor y baño integrado.
Hoy, los materiales de las casas FONHAPO son iguales a los utilizados en la construcción de vivienda de mercado, o de los grandes institutos de vivienda federales, dijo.
“El contraste con el pasado es claro: antes de 2013, las casas para la población que vivía por debajo de la línea de bienestar eran de 21 a 34 m2, de una recámara y materiales precarios, y mucho más caras que las que construye el FONHAPO del Presidente Peña Nieto”, indicó.
Islava Tamayo asentó con especial énfasis que el mencionado Convenio “nos compromete a cerrar el paso y dejar atrás de manera definitiva las inercias de opacidad y corrupción que prevalecieron en el pasado, para consolidar el camino del nuevo modelo de focalización de los apoyos federales, con un claro sello de anticorrupción y desviación que antes tuvieron divisa libre; en el FONHAPO del Presidente Peña Nieto, frente a la desviación y simulación que eran normales en el pasado, se han definido candados del más alto rigor que hoy nos comprometemos todos a honrar”
Además, agregó Islava Tamayo, se rompe con la inercia de la sustitución de beneficiarios que antes hacía su agosto; se rompe también con el abuso de los coyotes vestidos de gestores y se acotan las posibilidades de que la corrupción y el fraude prosperen a costa de los recursos públicos que el gobierno destina a los más pobres de la pirámide social.
