La legisladora del PRD, Beatriz Olivares Pinal, aseguró que se trata de un caso que se ha convertido en un tema de conflicto de intereses y en consecuencia en amparo de actos ilegales por parte de la autoridad delegacional de Miguel Hidalgo.
Recordó que la primera solicitud aprobada por la ALDF fue el 18 de mayo y tuvo por objetivo la denuncia de la ilegalidad y la solicitud de acción por parte de las dependencias competentes.
En atención a la solicitud y el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) –dijo- realizó una verificación en el sitio de la construcción, misma que derivó en la clausura confirmada con la colocación de los sellos correspondientes el pasado 21 de junio.
“La clausura se debió a la violación del artículo 125, fracción III del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en el que se establecen los tipos de certificado de uso de suelo y lo viola por tener un suelo de suelo sobre derechos adquiridos para oficinas, el cual prescribió al no acreditar su continuidad”, explicó.
Refirió que actualmente los edificios no se ocupan como oficinas sino que son objeto de una construcción en proceso, ello ya quedó claro y tiene un cauce legal específico en el que el particular y la autoridad competente habrán de dirimir en procedimientos y juicios.
“En el punto de acuerdo del 18 de mayo se consignaron diversas solicitudes, pero una de ellas no ha tenido resolución por parte del organismo competente de la administración pública de la Ciudad de México, y fue el que dice:
“Tercero, se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial para que intervengan en el particular e investiguen, y en su caso sancionen las violaciones, incumplimientos o falta de aplicaciones de las disposiciones jurídicas en msteria ambiental y de ordenamiento territorial cometidas en las calles de general Montiel 16 y 18, en la Colonia San Miguel Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo”, detalló.
Comentó la diputada que el Invea actuó en consecuencia por las violaciones legales en materia de ordenamiento territorial por lo cual clausuró el edificio.
Consideró que esos antecedentes son elementos claros y suficientes para que la PAOT informe a la sociedad capitalina y en particular, a la ALDF, cuál ha sido la conclusión a la que ha llegado la PAOT.
“Necesitamos conocer cómo va la investigación, si ha iniciado una denuncia, si tiene algún dictamen o en su caso alguna recomendación”, concluyó.
