No se justifica que en la búsqueda del respeto a la libre manifestación y pugnar por determinados objetivos, se lesione el derecho y la estabilidad de todo lo demás. La aplicación de la ley es para todos, afirmó en entrevista.
“La autoridad debe aplicar la ley con toda la transparencia y deslindar responsabilidades sobre los hechos registrados en Nochixtlán, Oaxaca, a fin de determinar por qué y quién se beneficia con ello, y establecer el mayor castigo posible a quien haya privado de la vida a otras personas”, aseveró.
A juicio de Luna Canales, no hay contradicción entre la aplicación de la ley y la libertad de manifestarse, dentro de la cual “debe privilegiarse aquella que tiene por objeto el respeto de un derecho y no el respeto de un privilegio”.
“Si hay una persona o un pequeño grupo que se quiere salir de la ley por un beneficio personal, la autoridad tiene que reconducir esas conductas, ya sea sancionando o estimulando para cambiar las cosas y la comunidad se beneficie”, sostuvo.
Primero que nada la ley se debe cumplir. Es importante que quien quiera ejercer su derecho a manifestarse, lo haga sin afectar a los demás, porque no sólo es el cierre de carreteras, que ya propicia carestía de insumos y alimentos en Oaxaca.
El problema más grave, no es ahora, sino a futuro, porque los niños no reciben clases en las escuelas; los ciclos escolares, interrumpidos en Oaxaca hace algunos años se repiten otra vez con el riesgo de que esos niños sean generaciones que tengan truncado su desarrollo; los infantes son los más afectados en este momento, consideró.
También debe tenerse muy claro que el derecho de cada quien a manifestarse, no legítima afectar al resto del país o de la comunidad.
Lo que plantea la Reforma Educativa es absolutamente racional, busca que a nuestros hijos les den clase maestros debidamente capacitados que tengan los mejores instrumentos pedagógicos; no podemos, bajo ningún concepto, pensar que la educación está fuera de los procesos de mejora continua, para eso hay que evaluar y ver dónde se requiere poner énfasis. Ese es el objetivo de la reforma.
“Lo que pasa es que esta reforma afectó intereses arcaicos y posesionados, porque la educación estaba privatizada en unas cuantas personas, quienes decidían qué se hacía, y eso no puede seguir así”, dijo.
El legislador priista consideró que, sin duda, hace falta conciencia para que se realicen las cosas de manera transparente y lograr el respeto a los derechos humanos. Estamos viviendo un momento inédito en nuestro país porque observadores internacionales evalúan los hechos; tenemos que estar abiertos a que vengan y verifiquen lo que se está haciendo, porque todo lo que hagamos tiene que vincularse con garantizar los derechos humanos.
Hace algunos años las propias leyes no permitían que la comunidad internacional opinara sobre lo que pasaba en México, no teníamos observadores extranjeros en todos los ámbitos de nuestra vida, el país no participaba de manera activa como lo hace hoy en los organismos mundiales de derechos humanos.
La reforma del 2011 en materia de derechos humanos obliga a seguir legislando, falta mucho por hacer con enfoques y criterios nuevos, sobre todo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja de una manera muy activa en redefinir el alcance de muchos derechos, y el Poder Legislativo tiene que ir a la par, con el propósito de completar un marco jurídico acorde a las necesidades de los ciudadanos, destacó Luna Canales.
— ooOoo –Ciudad de México, a 29 de junio de 2016.
No. 1725
Impulsar la agenda de derechos humanos en el marco de la ley
El diputado Armando Luna Canales (PRI), presidente de la Comisión de Derechos Humanos, apuntó que el momento inédito que vive México exige el impulso de la agenda de derechos humanos y la Reforma Educativa, que garantice la viabilidad del país a futuro, y permita que la autoridad aplique la ley.
No se justifica que en la búsqueda del respeto a la libre manifestación y pugnar por determinados objetivos, se lesione el derecho y la estabilidad de todo lo demás. La aplicación de la ley es para todos, afirmó en entrevista.
“La autoridad debe aplicar la ley con toda la transparencia y deslindar responsabilidades sobre los hechos registrados en Nochixtlán, Oaxaca, a fin de determinar por qué y quién se beneficia con ello, y establecer el mayor castigo posible a quien haya privado de la vida a otras personas”, aseveró.
A juicio de Luna Canales, no hay contradicción entre la aplicación de la ley y la libertad de manifestarse, dentro de la cual “debe privilegiarse aquella que tiene por objeto el respeto de un derecho y no el respeto de un privilegio”.
“Si hay una persona o un pequeño grupo que se quiere salir de la ley por un beneficio personal, la autoridad tiene que reconducir esas conductas, ya sea sancionando o estimulando para cambiar las cosas y la comunidad se beneficie”, sostuvo.
Primero que nada la ley se debe cumplir. Es importante que quien quiera ejercer su derecho a manifestarse, lo haga sin afectar a los demás, porque no sólo es el cierre de carreteras, que ya propicia carestía de insumos y alimentos en Oaxaca.
El problema más grave, no es ahora, sino a futuro, porque los niños no reciben clases en las escuelas; los ciclos escolares, interrumpidos en Oaxaca hace algunos años se repiten otra vez con el riesgo de que esos niños sean generaciones que tengan truncado su desarrollo; los infantes son los más afectados en este momento, consideró.
También debe tenerse muy claro que el derecho de cada quien a manifestarse, no legítima afectar al resto del país o de la comunidad.
Lo que plantea la Reforma Educativa es absolutamente racional, busca que a nuestros hijos les den clase maestros debidamente capacitados que tengan los mejores instrumentos pedagógicos; no podemos, bajo ningún concepto, pensar que la educación está fuera de los procesos de mejora continua, para eso hay que evaluar y ver dónde se requiere poner énfasis. Ese es el objetivo de la reforma.
“Lo que pasa es que esta reforma afectó intereses arcaicos y posesionados, porque la educación estaba privatizada en unas cuantas personas, quienes decidían qué se hacía, y eso no puede seguir así”, dijo.
El legislador priista consideró que, sin duda, hace falta conciencia para que se realicen las cosas de manera transparente y lograr el respeto a los derechos humanos. Estamos viviendo un momento inédito en nuestro país porque observadores internacionales evalúan los hechos; tenemos que estar abiertos a que vengan y verifiquen lo que se está haciendo, porque todo lo que hagamos tiene que vincularse con garantizar los derechos humanos.
Hace algunos años las propias leyes no permitían que la comunidad internacional opinara sobre lo que pasaba en México, no teníamos observadores extranjeros en todos los ámbitos de nuestra vida, el país no participaba de manera activa como lo hace hoy en los organismos mundiales de derechos humanos.
La reforma del 2011 en materia de derechos humanos obliga a seguir legislando, falta mucho por hacer con enfoques y criterios nuevos, sobre todo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja de una manera muy activa en redefinir el alcance de muchos derechos, y el Poder Legislativo tiene que ir a la par, con el propósito de completar un marco jurídico acorde a las necesidades de los ciudadanos, destacó Luna Canales.
