Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena sobre la Declaratoria de la Reforma al Artículo 73 Constitucional a favor del derecho de las víctimas de delito, expresó que la mejor forma de anunciarla, es que realmente se cumpla la ley, y que en ello está comprometida su bancada.
“Existe un enorme reclamo social para una justa atención de las víctimas, mismo que pone el acento en el hecho que las garantías de las víctimas han quedado rezagadas, tanto en materia legislativa como en las políticas públicas que realiza el Gobierno Federal para dar atención a ellas”, puntualizó el también Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena.
Destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, la tortura y otros tratos violentos son constantes en todo el territorio mexicano y que gozan de total impunidad. “A pesar de las miles de denuncias presentadas desde 1991, únicamente 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal. Sólo en 2014 la Procuraduría General de la República recibió dos mil 403 denuncias sobre tortura”.
Ante el pleno de la Comisión Permanente, destacó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene inscritas sólo tres mil 24 solicitudes de atención, de las cuales dos mil 717 están pendientes y rechazó 384. Precisó que de esas solicitudes, dos mil 725 se refieren a delitos, mientras que 377 a violaciones a derechos humanos.
Agregó que las solicitudes registradas por dicha Comisión pasaron de 793 en el año 2014 a dos mil 309 en el 2015; es decir, tres veces más, lo que habla por sí solo del grave problema de rezago en la atención a víctimas.
En ese sentido, manifestó que si bien el Grupo Parlamentario de Morena aprueba que los Congresos de los estados avalaran esta Reforma Constitucional, se trata de un extraño caso jurídico, de los que abundan en la legislación mexicana, donde primero se aprueba la ley y luego las modificaciones a la Carta Magna. Esto, añadió, porque la Ley General de Víctimas entró en vigor el 9 de agosto de 2013 y la reforma al Artículo 73 hasta tres años después.
“Esta reforma también armoniza lo que previamente se establece en la reforma constitucional en materia de justicia penal del 2008 sobre un nuevo sistema para la impartición de justicia penal, mismo que amplió el apartado de reconocimiento a los derechos humanos de las víctimas”, explicó el legislador capitalino.
El también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que con esta Declaratoria el Estado firmó sus deberes de investigación en los delitos y de procuración e impartición de justicia, pero también el reconocimiento de que quienes han sido víctimas de un delito puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento penal, recibir atención médica y psicológica, y a que se le repare el daño, entre otros aspectos.
