Al respecto, la senadora independiente Martha Tagle Martínez dijo que todas las personas tienen el derecho a ser tratadas en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, considerando el reconocimiento a la dignidad humana que conlleva el respeto de la diversidad cultural, funcional, de orientaciones sexuales y de identidad de género.
Es necesario garantizar el derecho a una vida incluyente, porque la diversidad sustenta al mismo tiempo el principio de igualdad y no discriminación, expresó.
Señaló que la población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, (LGBTTTI), a través de muchas batallas, dentro y fuera de las instituciones, en la academia, los organismos internacionales y con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, se encuentra hoy defendiendo sus derechos a ser reconocidos en una sociedad incluyente.
Es por ello que desde el Senado de la República, dijo, preocupados por escuchar todas las voces ciudadanas en coordinación con activistas y sociedad civil, organizamos estos diálogos, con el propósito de atender las propuestas e inquietudes que permitan elaborar una agenda que incluya un enfoque de derechos humanos sobre la diversidad sexual y de género.
Este foro es un espacio para escuchar las diferentes voces del país, a fin de elaborar una legislación que atienda las necesidades de este sector, puntualizó.
El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Sánchez Jiménez, dijo que es imprescindible enriquecer y mejorar las propuestas del Presidente, “no frenarlas, ni hacerlas a un lado por las presiones que intenten generar los diversos grupos conservadores”.
Precisó que en los temas de adopción e identidad de género falta concretar aún más, de manera que estos puedan transitar mejor en las cámaras del Congreso: “se requiere de un esfuerzo de construcción para transitar a una ciudadanía plena y justa para la población de la diversidad sexual”.
Es necesario garantizar a los ciudadanos el respeto a sus derechos, contribuir a su calidad de vida y reconocernos como un Estado laico, así como fomentar un marco de respeto para todas y todos, concluyó el legislador del Grupo Parlamentario del PRD.
Óscar Medina Valdivia, presidente de México Diverso, señaló que se busca la posibilidad de llevar a cabo un intercambio de ideas con respecto a las políticas, programas o protocolos actuales, respecto a la diversidad sexual, a fin de generar una diferencia y mejores condiciones que impulsen el derecho a la igualdad.
“Este es un foro ciudadano que no cuenta con recursos públicos para desplazarse; entonces, el esfuerzo de que la sociedad civil venga y quiera participar es lo que realmente cuenta”, expresó.
Julio Cesar Cervantes Medina, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), manifestó que es necesario que se reconozca la lucha de este sector de la población, a efecto de que se “concrete y cristalice” una reforma que demuestre que el Estado también está apoyándonos, además de proteger a la población LGBT en sus derechos civiles y políticos.
La titular de Comité de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Violencia Sexual, Anita María Suarez Valencia, advirtió que el andamiaje normativo tiene que verse reflejado en el día a día de las personas, a fin de incluir y resarcir la discriminación de este sector.
La situación en la que nos han colocado es de vulnerabilidad, porque hemos elegido una orientación, identidad o expresión diferente, y ante ello la población LGBT han sido revictimizada, discriminada y en ocasiones la han llevado a la expresión más terrible de la violencia, que es la privación de la vida y la tortura.
La presidenta del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline L’Hoist Tapia, aseguró que la discriminación a las personas LGBTTTI es de las más violentas que hay, porque en ese ejercicio de prejuicios y estigmas se les considera pecadores, enfermos y criminales.
Debemos arrancar los prejuicios y estigmas de la sociedad que históricamente se ha encargado de invisibilizar una realidad que ha estado ahí siempre, y así garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas que vivimos en el país.
