Cuando este domingo 19 de junio policías federales y estatales desarmados ya habían logrado casi poner fin al bloqueo a la autopista Oaxaca-México a la altura de Nochixtlán, bloqueo que había durado 6 días, un grupo de civiles armados hizo disparos contra los agentes del orden y contra una parte de quienes participaban en el bloqueo.
Para repeler el ataque armado policías federales que estaban en la retaguardia del operativo de desalojo apuntaron con sus armas, pero no hay claridad sobre si hicieron disparos o no.
El saldo fue de 8 muertos, 7 por herida de arma de fuego y uno más como consecuencia del estallido de un artefacto explosivo. Ninguno de los fallecidos era integrante de la CNTE, pese a que este bloqueo como decenas más en carreteras de Oaxaca son dirigidos por esta organización criminal que se reclama “magisterial”.
El saldo de estos hechos no fue fortuito. Lo que la CNTE y sus aliados han buscado con sus bloqueos y demás actos de violencia es que haya una masacre que les permita acorralar al gobierno federal, a fin de que desista de continuar con la aplicación de la reforma educativa, en al menos los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
Propiciar una masacre era una decisión de la CNTE y sus aliados desde que decidieron irse a la “huelga” hace poco más de un mes y que se afirmó como resultado de las detenciones de líderes.
Tan pronto trascendieron los saldos sangrientos de estos hechos el aparato de propaganda de la izquierda intensificó su campaña para acusar al gobierno federal de represión y ahora de haber perpetrado una masacre. Todo estaba pautado. La CNTE, sus aliados y el aparato de propaganda estaban listos para explotar una de las tácticas más viles que es la fabricación de “mártires”.
El gobierno federal tendría que haber previsto que tarde o temprano la CNTE y sus aliados iban a provocar una matanza, aunque los cálculos de estos criminales es que el saldo de muertos fuera mucho mayor.
Tan no estaba preparado el gobierno federal que ni siquiera hubo una respuesta planeada en caso de un ataque armado ni videograbaciones de los hechos que, sin tener que esperar a la investigación de la fiscalía de Oaxaca y de la PGR, en estos momentos podrían revelar como se inició el ataque de civiles armados y exactamente hacia donde iban los disparos, así como la respuesta de la policía y si disparo o no hacia los agresores con armas de fuego o también contra los otros agresores que no portaban armas de fuego.
Sin estas elementales previsiones de parte del gobierno federal el aparato de propaganda ha podido fabricar la versión que ha querido ante la opinión pública.
De haberse tomado las previsiones indispensables serían los criminales de la CNTE y sus aliados y no el gobierno quienes estarían contra la pared.
Podría suponerse que el gobierno está ante una situación sumamente crítica. Pero más lo está el país, porque lo más sencillo para el gobierno será recular, dar marcha atrás en la determinación de hacer efectiva la reforma educativa y de ya no tolerar los crímenes de la CNTE y sus aliados.
De ser así el país perderá, primero porque la reforma educativa habrá muerto cuando ni siquiera termina de nacer y segundo, porque los criminales de la CNTE habrán cobrado una enorme fuerza y por muchos años serán imparables, continuarán delinquiendo en perjuicio de la sociedad y se tornarán más desafiantes. Así mismo el uso de la violencia para lograr exigencias ilegítimas o legítimas cobrará un nuevo impulso amenazando con volver ingobernable al país.
El gobierno del Presidente Peña había procedido hasta ahora con una visión y voluntad de Estado que es raro observar en nuestros gobernantes. Con estos hechos es improbable que mantenga esa voluntad, sobre todo cuando está perdiendo la batalla por la opinión pública y campea una enorme mezquindad en la clase política y otros actores sociales.
Ante todos estos, hechos políticos del Partido Acción Nacional están tratando de medrar, con el cálculo de que culpar al gobierno federal de la masacre redundará en beneficio de sus renovados esfuerzos por recuperar la Presidencia de la República en 2018 y como concesión a su aliado el PRD. Asimismo se ha sumado a la condena al gobierno el grupo Mexicanos Primero, cuyo supuesto objetivo es precisamente una reforma como la que fue aprobada por el congreso y el gobierno trata de aplicar. Este grupo de Claudio X. González se revela como lo que realmente es, como un instrumento de golpeo político de Carlos Salinas contra Enrique Peña.
Ojalá que pese a todo el gobierno mantenga su determinación y no ceda al chantaje criminal de la CNTE y sus aliados. La sociedad está obligada a respaldar al gobierno en esta lucha por el bienestar de los niños y jóvenes y por la legalidad.
El gobierno por supuesto tiene que prepararse para las nuevas emboscadas que ya se le preparan cuando intente aplicar la ley y poner fin a los bloqueos criminales. Está obligado a documentar detalladamente sus intervenciones y librar con éxito la batalla por la opinión pública.
