“También se valorará el hecho de que pueda haber una exigencia al Ejecutivo (federal) para el veto correspondiente”, sostuvo en declaraciones a la prensa.
“El Presidente, antes de la promulgación, tiene esa facultad de veto, que bien pudiera utilizarse para revisar ese tema, porque es un verdadero absurdo, sobre todo el obligar a personas que tienen relación con personas morales, que a su vez reciben recursos del gobierno federal, y que preparen declaraciones 3 de 3”, indicó.
La Cámara de Diputados aprobó ayer jueves, sin cambios, el dictamen de la minuta del Senado de la República sobre la Ley General de Responsabilidad Administrativa y lo turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Martínez Neri dijo que se cuestionan los artículos 29 y 32.
Estos se refieren a las declaraciones patrimoniales y de interés que funcionarios deben hacer públicas, salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, así como las que tienen que realizar trabajadores de empresas que reciben y ejercen recursos públicos.
El coordinador del PRD aseguró que ayer por la noche coincidían con la bancada del PAN en modificar esos dos artículos y señaló que no ve ningún problema que ambos grupos parlamentarios puedan convenir en las próximas horas llevar juntos la acción de inconstitucionalidad o impulsar el veto presidencial.
“Quiero decirles que la bancada estuvo muy clara en el sentido de hacer caso a las propuestas que hizo la sociedad civil. Recibimos tras banderas, el día de ayer, a los representantes de estas organizaciones”, sostuvo.
“Pero finalmente (la propuesta) que se traía del Senado fue avalada aquí por el PRI – PVEM y salió así esa resolución” agregó.
