La minuta, que se avaló en lo general con 445 votos a favor, reforma los códigos Nacional de Procedimientos Penales y el Penal Federal, así como las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
También la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Federal de Defensoría Pública y, de Instituciones de Crédito, así como el Código Fiscal de la Federación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, precisó que el Senado de la República hizo cambios a los artículos 113, 149, 165, 167, 174, 187, 304, 311, 314, 315, 320, 373, 401, 404 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales; a los artículos 11 Bis y 26 del Código Penal Federal, así como a los artículos 170 y 173 de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
Detalló que como lo establece el primer supuesto de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versaría únicamente sobre estas modificaciones 15 al Código Nacional de Procedimientos Penales, 2 al Código Penal Federal y 2 más a la Ley de Amparo que la colegisladora realizó.
Entre los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales destacan el proceso de nombramiento del defensor público, que deja de depender del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional; la procedencia de medidas cautelares, la autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas, la utilización de medios electrónicos durante el proceso penal, y establece límites a la prisión preventiva.
Respecto al Código Penal Federal, se armonizan conceptos con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución y con otros ordenamientos legales, a fin de homologarlos con el sistema de justicia penal acusatorio; se incluyen sanciones para los llamados delitos informáticos, que se duplican cuando estén relacionados con la obstrucción de la justicia.
Al referirse a dichas modificaciones, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, señaló que con esta Miscelánea Penal se concluye la fase de implementación y pasa a la de consolidación del nuevo sistema de justicia penal.
Recordó que desde hace ocho años inició la transformación de un modelo de justicia mixto inquisitivo ya anquilosado, a un sistema preponderantemente acusatorio, adversarial y oral de corte garantista, indispensable para la consolidación del Estado social y democrático de derecho.
La Miscelánea Penal, dijo, es un paquete de vanguardia nutrido de valiosas aportaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, autoridades gubernamentales en su calidad de operadores del sistema de justicia penal, y de los integrantes del Poder Legislativo.
Puntualizó que se modificaron 10 ordenamientos legales y reformó más de 230 artículos para armonizar la legislación en materia de justicia penal, adecuando diversos numerales y ordenamientos sustantivos y adjetivos en aras de seguir avanzando hacia el modelo de justicia penal acusatorio y se presentan con grandes beneficios.
Ibarra Hinojosa sostuvo que en aras de garantizar un debido proceso para todos los mexicanos, se veló por la mejora de las investigaciones, evitando la dilación injustificada con las personas detenidas con flagrancia, bajo resguardo del Ministerio Público. Con ello se busca impedir abusos, tortura y detenciones arbitrarias, a la par de fortalecer a una policía más profesional, cuya actuación habrá de orientarse con protocolos claros, explicó.
El paquete permite que los jueces federales, previo informe del Ministerio Público, conozcan acerca de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada. En este sentido, contribuye a fortalecer el Estado de derecho, con un pronunciado vigor en la implementación de la justicia, el respeto a los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.
Calificó como innovadora la miscelánea, porque promueve el uso de la tecnología para atender eficazmente los principios del sistema acusatorio, con el objetivo de volverlo más ágil y eficaz, sin detrimento del control de garantías procesales, pues permite que durante el desarrollo el proceso penal se puedan utilizar los medios electrónicos, tanto en las adecuaciones como en las actuaciones, en aras de facilitar su operación, incluyendo el informe policial.
Expuso que con el objeto de garantizar todos los derechos para todas las víctimas, brinda una participación más activa a la figura del asesor jurídico, que las guía y aconseja gratuitamente. Además, les certifica una defensoría pública adecuada, dado que garantiza que se les asigne un abogado defensor que esté específicamente capacitado para la función que va a desempeñar.
Además de garantizar los derechos del imputado, añadió, la miscelánea le otorga la facultad de solicitar aclaraciones o precisiones al Ministerio Público, cuando se le comunique que es investigado por un delito ante el juez de control, o igualmente brinda certeza jurídica en todo momento, ya que obliga a que la lectura de sentencia se realice cinco días después de la emisión de la misma, independientemente de que ésta sea condenatoria o absolutoria.
El diputado precisó que la miscelánea contempla mecanismos especiales para víctimas menores de 12 años de edad, puesto que garantiza en todo momento el interés superior de la niñez, estableciendo mecanismos para dar celeridad a los casos donde haya personas menores de edad que se encuentren en esa condición.
Como el sistema de justicia penal debe ser pensando desde la libertad del imputado y no de su encarcelamiento, las modificaciones garantizan que el imputado pueda desahogar pruebas durante la investigación del plazo constitucional, cuando por la naturaleza del delito haya imposición de prisión preventiva oficiosa, añadió.
Indicó que la minuta precisa que no procederán acuerdos preparatorios en los casos de violencia interfamiliar ni en los que el imputado haya celebrado anteriormente por los mismos hechos, que correspondan a los mismos delitos.
De igual modo, establece un mecanismo de control en caso del incumplimiento de medidas cautelares, en observancia a los principios y características de las necesidades de cautela, y armoniza la duración de la medida cautelar de prisión preventiva en los términos establecidos en la Constitución, dejando los dos años como plazo máximo y se elimina la propuesta de un catálogo de supuestos en los que se puede prolongar dicho periodo.
Instaura limitaciones y requisitos en la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en el procedimiento penal, para que un miembro de un grupo delictivo pueda convertirse en un testigo colaborador.
Adicionalmente, permite que un imputado por el delito de secuestro pueda acceder a un procedimiento abreviado cuando admita su culpabilidad, con el fin de agilizar el proceso judicial y para que se genere mayor eficacia en la persecución de los delitos graves, pero también les otorga asesoría gratuita a las víctimas del secuestro.
Álvaro Ibarra llamó a fortalecer al nuevo sistema de justicia penal, para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, a través de un entramado constitucional y legado moderno y eficaz que facilite la tarea de las autoridades, y proteja a la víctima y respete los derechos de los imputados pero, sobre todo, favorezca a los ciudadanos en su relación con las autoridades.
En los posicionamientos, la diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social), expresó que la Miscelánea Penal contribuirá al fortalecimiento del andamiaje jurídico del sistema de seguridad y justicia penal, tiene la finalidad de mejorar, facilitar y robustecer el sistema procesal acusatorio, además de garantizar su adecuada operación y funcionamiento.
“Estamos comprometidos con los mexicanos para aprobar la reforma penal que el país necesita para acabar con el mal de la impunidad que tanto nos aqueja. Creemos que sólo con un Sistema Penal sólido, profesional, transparente, eficaz, eficiente y justo, será posible revertir los graves daños que la ilegalidad y la falta de aplicación de la ley ha dejado en el tejido social de nuestra nación”, afirmó.
Por Nueva Alianza, el diputado Mariano Lara Salazar señaló que las reformas se orientan a lograr que la aplicación de la justicia se lleve a cabo de manera ordenada, conforme, sistemática, congruente y expedita, pues abatirá el ejercicio arbitrario del poder al dotarlo de mayor transparencia, lo que contribuirá a recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones de procuración de justicia.
La minuta establece dentro de los derechos del imputado que debe ser puesto de manera inmediata a disposición del Ministerio Público; además, fija los plazos y tiempos procesales para la formulación de la imputación, las audiencias intermedias, la prisión preventiva, así como el desahogo de pruebas.
Víctor Manuel Sánchez Orozco, legislador de Movimiento Ciudadano, argumentó que esta reforma busca que haya una justicia pronta y expedita, y los fundamentos son que la mayoría de los casos, hasta un 80 por ciento, se tienen que resolver con la justicia alternativa, y solamente debe judicializarse el 20 por ciento.
Relató que únicamente el 80 por ciento de los ciudadanos tienen una vana idea de lo que se trata el nuevo modelo de justicia penal en la actualidad, al igual que la capacitación, sobre todo en los policías municipales. De las 32 entidades federativas, solamente la mitad está a medias con la implementación, y existen estados que no tienen la mínima capacitación. “Hoy las víctimas esperan justicia”.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) manifestó que las reformas pretenden dotar al sistema penal acusatorio de los instrumentos necesarios para su eficacia y efectividad; sin embargo, persiste una intención regresiva en materia de derechos humanos que incluso contravienen principios constitucionales.
Las reformas no generan los mecanismos de transparencia en la administración de los recursos decomisados por la comisión de delitos, ni muchos menos aumenten esos recursos. “Aprobar las reformas planteadas por la entrada en vigor de la reforma del sistema de justicia penal no es justificación alguna para reformar leyes que resultan regresivas”.
Cándido Ochoa Rojas, legislador del PVEM, expuso que se elimina la hipótesis casuística en la que podría considerarse que el imputado ha hecho ejercicio de su derecho de defensa, “lo que consideramos que no afecta la esencia de la hipótesis normativa, ya que se sigue respetando el máximo del plazo de la duración de la prisión preventiva plasmado por la Constitución”.
Dijo que la minuta precisa la forma en que se llevará a cabo la revisión de la medida cautelar cuando el imputado sea sorprendido infringiendo la misma. En el tema de la coadyuvancia de la víctima, se precisa que ésta podrá presentar al Ministerio Público los medios de prueba necesarios para cumplimentar la acusación, y se fija un plazo no mayor de 24 horas para que le sea notificado al imputado o a su defensor.
El diputado Waldo Fernández González (PRD) consideró que los cambios a la minuta son para contar con mejores herramientas para el combate de la delincuencia, pues se ajusta este andamiaje jurídico, con la finalidad de avanzar en la construcción de un régimen que garantice, en el ámbito de procuración y administración de justicia, mejores herramientas para la operación del nuevo sistema de justicia penal.
Algunos de los cambios del Senado de la República son para que en el caso de que el imputado no pueda o se niegue a designar un defensor particular, le solicitan a la Defensoría Pública se le designe uno, en virtud de no ser atribución ni del Ministerio Público ni del juez, y para que el Ministerio Público pueda abstenerse de ejercer la acción penal, siempre que en su caso se hayan reparado o garantizado los daños, aclaró.
José Hernán Cortés Berumen, legislador del PAN, precisó que persiste la tentación de conservar algunos elementos del sistema inquisitivo, para que sigan operando y se utilicen en uno nuevo. “Si nos referimos a que persiste el error conceptual y en perpetuar un modelo de audiencia inicial con características, no del sistema acusatorio sino del inquisitivo, se promueve una audiencia inicial con severas consecuencias para el acceso a la justicia de la víctima”.
Es necesario poner atención en el artículo 314 y en muchos otros, para no estar cometiendo errores al momento de su propia implementación. “Acción Nacional no está otorgando un cheque en blanco. Estaremos muy atentos para fiscalizar cómo va operando la implementación del sistema. Verificando si se está actuando de manera correcta, haciendo un verdadero ejercicio, tal y como el modelo lo está reclamando”.
Del PRI, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales señaló: con la Miscelánea Penal se refrenda el compromiso de trabajar para que la sociedad mexicana goce de leyes en la medida de los estándares internacionales; “urge en México también hacer una ciudadanización de la reforma, hacer conciencia en todos los sectores de la sociedad”.
Resaltó que la Miscelánea Penal pugna por un proceso penal moderno, con celeridad y certeza jurídica en todo momento, y contiene medidas que dan seguimiento y determinación de acciones inmediatas para el cumplimiento de acciones cautelares, sin perder de vista que ahí radica lo medular del nuevo sistema de justicia y profesionaliza a la policía mediante protocolos claros.
Con 390 votos a favor y 55 en contra, el Pleno avaló en lo particular y en sus términos de la minuta, los artículos 149 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
