Puntualizó que la mayoría de los ciudadanos involucrados en accidentes de tránsito han recurrido a los servicios de arrastre y salvamento para mover o retirar él o los vehículos involucrados, “los cuales, en muchas ocasiones resultan imponderables”.
Ceja García mencionó que conforme a la Policía Federal, durante 2012 los incidentes registrados en la red vigilada por este organismo fueron 24 mil 216 accidentes, en los cuales hubo 4 mil 548 muertos y daños materiales por mil 374 millones de pesos.
Según la Policía Federal, las causas principales de los accidentes en carreteras federales son: factores humanos, que provocan el mayor porcentaje de accidentes de tránsito, representando un 80 por ciento por conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes; realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, por ejemplo, no respetar los señalamientos viales; conducir a exceso de velocidad o con fatiga, cansancio o sueño.
Otros son los mecánicos, relacionados con las condiciones no adecuadas del vehículo para su operación, principalmente en los sistemas averiados de frenos, eléctrico, dirección o suspensión.
También están las condiciones climáticas como niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, entre otros. Además, factores estructurales de tránsito: errores de señalamientos viales, carreteras en mal estado o sin mantenimiento (baches, hoyos, pavimento deteriorado), y falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la carretera.
En un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, explicó que conforme a la legislación vigente, las tarifas deberán estar a la vista del público y serán las máximas, para que a partir de ellas, grulleros y usuario puedan convenir cobros menores, en función del tipo de servicio y vehículo accidentado.
En la mayoría de las ocasiones los usuarios, que tienen que recurrir a estos servicios, desconocen que están debidamente regulados por la autoridad federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con base a tabuladores tarifarios que precisan lo que los prestadores de estos servicios tienen que cobrar.
Xitlalic Ceja relató que de acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, la prestación de servicio de arrastre y salvamento consiste en realizar maniobras mecánicas y/o manuales que se destinan a redimir aquellos vehículos accidentados, sus partes o su carga.
El artículo 20 de la Ley precisa que la SCT podrá establecer las tarifas aplicables para la operación de las unidades de verificación, así como las bases de regulación de los servicios, y éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la prestación del mismo en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia.
La diputada planteó exhortar a la SCT que implemente una mayor difusión de las tarifas y listado de prestadores de los servicios de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal, lo que evitará abusos en el cobro excesivo de las tarifas y permitirá a los usuarios elegir a que empresa o permisionario podrán contratar.
