“En términos generales no hubo algo particularmente relevante”, sobre las agresiones y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, indicó la legisladora en declaraciones a la prensa, tras la reunión.
Dijo que ésta es la única empresa de transportes, de las involucradas en el caso, que aceptó reunirse con la comisión, pero sus representantes sólo expresaron que la toma de sus autobuses por parte de los estudiantes les causa un gran perjuicio económico y afecta a los choferes porque cobran por comisión.
La diputada panista dijo que Estrella Roja del Sur también es propietaria de la terminal de autobuses de Iguala y la empresa les entregó un video sobre lo que sucedió ahí con la toma de autobuses por parte de los estudiantes, pero no han revisado para determinar que tiene más elementos de los que se han hecho públicos.
Murguía Gutiérrez precisó que dos camiones de esta empresa estuvieron involucrados en los incidentes, fueron agredidos en la zona de Juan N. Álvarez, pero no corresponden al llamado quinto vehículo, que pertenece a Estrella Roja de Cuautla.
Comentó que la comisión especial buscó tener contacto con las empresas de todos los autobuses involucrados en los ataques contra los estudiantes y pidió que los choferes pudieran acudir a una reunión, porque son testigos presenciales de los hechos, sin embargo se ha rechazo esa posibilidad.
Los transportistas se niegan porque “consideran que ellos (empresas y choferes) ya declararon ante las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y no tienen obligación de pedirles que acudan a ninguna otra instancia”.
Refirió que la actitud de los representantes de la empresa de camiones molestó a los diputados que integran la Comisión Especial e incluso dos legisladoras se retiraron antes de que concluyera la reunión.
“Lo deseable hubiera sido haber tenido oportunidad de platicar con los choferes, que fueron testigos presenciales de los hechos y víctimas de la agresión, aunque no resultaron lesionados”, sostuvo Murguía Gutiérrez.
Comentó que la comisión tiene pendiente e insistirá en reunirse con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó su trabajo en México tras presentar una serie de recomendaciones sobre el caso.
Asimismo, buscará reunirse con el equipo de antropólogos y forenses argentinos.
A pregunta expresa, sostuvo que en la comisión no existe alguna petición o acuerdo para solicitar la renuncia del director de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, Tomás Cerón de Lucio, cuestionado por las indagatorias que realizó el 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan, municipio de Cocula.
Sin embargo, Murguía Gutiérrez aseveró que ella en lo particular y su grupo parlamentario, el PAN, se han pronunciado porque el funcionario se separe del cargo, por lo menos en lo que da resultados la averiguación interna que se lleva a cabo sobre ese tema.
En declaraciones a la prensa, por separado, la diputada Araceli Dámian González (Morena) calificó como ríspida la reunión con los representantes de la empresa de autobuses, porque se negaron a responder los cuestionamientos.
Refirió que en el informe del GIEI se señala que hubo contradicciones en las declaraciones de los choferes, y las diputadas y diputados pretendían aclararlas en la reunión.
“Finalmente, la empresa va a tratar de cubrir cualquier tipo de involucramiento y cuidar que sus trabajadores no vayan a decir algo que la ponga en riesgo”, agregó.
Dámian González insistió en que los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayorzinapa deben ser recibidos en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados, ante los 500 legisladores, y sostuvo que no permitirles el uso de la tribuna sería discriminatorio.
