Además, para explicar los detalles de las denuncias penales, este miércoles darán una conferencia de prensa, donde mostrarán documentos relacionados con la compra y coacción del voto por parte de funcionarios del gobierno de Quintana Roo.
El delito en el que incurre el Secretario de Salud se encuentra tipificada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales hasta por nueve años de prisión, que en su artículo 11 establece que se impondrán de 200 a 400 días y de prisión de 2 a 9 años al servidor público que amenace o coaccione a sus subordinados para que participen en elementos proselitistas de campaña o precampaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
En las pruebas aportadas respecto del delito electoral en el que presuntamente incurrió el Secretario de Salud, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, se suma a la orden que por escrito comunicó a los 12 mil empleados del Gobierno Estatal la directora de Recursos Humanos del gobierno de Estado, María del Carmen Ramírez Sánchez el pasado 4 de marzo de 2016 para que voten a favor de Mauricio Góngora y “donen” recursos a la campaña o de lo contrario, aquel que se niegue a hacerlo, “será dado de baja automáticamente en el sistema de nómina estatal”.
En ese comunicado oficial firmado por la directora de Recursos Humanos se le exige a los funcionarios “donar” cuotas quincenales de 2 mil 500 pesos para quienes se desempeñan como secretarios del gabinete de Roberto Borge, a los subsecretarios 2 mil pesos quincenales, a los directores de área 1 mil pesos, a los jefes de departamento 500 pesos y a los jefes de oficina 300 pesos, y así 100 pesos obligatorios cada quincena a los empleados de base y de honorarios para la campaña del candidato priísta Mauricio Góngora.
Denunciaron que ante la amenaza de una inminente derrota electoral, el gobierno de Quintana Roo decidió abrir las arcas de Hacienda para financiar una operación con recursos del Estado, para la compra del voto a través de un ejército encubierto de servidores públicos disfrazados de “activistas” al servicio del Partido Revolucionario Institucional, entre los que destacan Francisco Amaro representante del gobernador de la Zona Norte y Maribel Villegas delegada federal de la Sedesol.
Señalaron que esta intrincada red de financiamiento con recursos públicos, que opera en la zona norte del estado, es coordinada por el director general de la Auditoría de Hacienda del Estado de Quintana Roo, Martín Asunción Martín Martín, en estrecha coordinación con la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez.
De Martín Martín depende que fluyan puntualmente los recursos no sólo para pagar a los incautos electores quienes, por hambre u otras necesidades, aceptan vender su voto por la cantidad de 500 pesos, sino también para cubrir los “apoyos” de toda la estructura del PRI encargada de esta labor.
El segundo puesto en esta red de financiamiento lo ocupa Carmen Leticia Can Marmolejo, titular de la de Dirección de Egresos de la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez. Por ubicación geográfica, a dicha funcionaria le corresponde cubrir los recursos para la compra del voto en los distritos electorales del 1 al 8, donde confluyen los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.
El centro de operaciones a cargo de Can Marmolejo se ubica en calle Coral, esquina con Xpuhil, MZ 18, LT 12, SM 27, CP 77509, en la zona centro de Cancún. Es un edificio de tres niveles custodiado con cámaras de vigilancia y cuya puerta principal está flanqueada por dos emblemas de la Secretaría de Seguridad Pública. Bajo la coordinación directa de Can Marmolejo, a este edificio llega el “dinero fresco” que día a día recolecta el personal de Fiscalización de todos los “moches” (o derecho de piso) que aplican a negocios de manera indiscriminada.
El primer paso consiste en concentrar el dinero en el bunker personal de Martín Martín, ubicado en la avenida Bonampak número 77, esquina con Uxmal, de ahí se pasan al centro de operaciones, donde la titular de la Dirección de Egresos tiene un equipo de colaboradores que se encarga de contar los recursos y distribuirlo en sobres amarillos a sus respectivos destinatarios.
En esta labor, la apoya un equipo de pagadores conformados por jóvenes estudiantes de las universidades públicas del estado, a quienes con este “trabajo” se les libera de su servicio social.
En la estructura piramidal de esta red, bajo las órdenes de Can Marmolejo, hay un delegado responsable por cada uno de los ocho distritos electorales de la zona norte del estado, encargados de supervisar que el dinero llegue “oportunamente” a las manos de los destinatarios finales.
Entre esos delegados responsables, figuran cuatro funcionarios públicos y militantes del PRI: Ricardo Israel Hernández Montiel, director de Financiamiento y Fideicomiso de la Secretaría de Desarrollo Social en Benito Juárez; José Luis Castro Garibay, director de Transporte municipal; Cristina Alcérreca Manzanero, titular de la Dirección de Desarrollo Social; así como Claudia Ivette Manzanilla Poot, de enlace del Programa Desarrollo Humano Oportunidades Cancún.
